Las estadísticas de la actual administración confirman que aquellos que reingresaron al país ilegalmente se han vuelto una prioridad para ICE. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de ese delito en 2018, un aumento del 38% comparado con el año anterior.

La Unión Americana de Libertades Civiles aseguró que la estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas presuntamente consistiría en citar a personas que aplican a la residencia permanente, como si fuera parte de su trámite migratorio, con el objetivo de detenerlos y deportarlos. Esto estaría afectando principalmente a parejas de inmigrantes cuando están en entrevistas ante el USCIS.

Las edificaciones fueron acondicionadas para recibir temporalmente a las familias inmigrantes que son liberadas por ICE para que viajen hasta los lugares donde esperarán por sus procesos en los tribunales de inmigración.

El supremo determinó que el gobierno federal puede arrestar a quienes esperan su deportación en cualquier momento después de cumplir sus condenas de prisión.

El inmigrante salvadoreño denunció que en los pasillos de las instalaciones en Adelanto se escuchaban gritos de personas que eran golpeadas y maltratadas. Además, aseguró que le negaron atención médica a pesar de sufrir de diabetes y que ahora teme que la situación en estos centros sea mucho peor.

La noticia le llegó inesperadamente a Jessica Lemus, quien en 2015 había recibido un perdón administrativo provisional de deportación y un permiso de trabajo que renovaba cada año. Ahora su gran temor es lo mucho que la van a necesitar sus hijos si es deportada del país.