La propuesta, a la cabeza de tres legisladoras, busca regularizar la situación de estos inmigrantes a largo plazo y evitar que sean deportados. De convertirse en ley, quienes califiquen obtendrían un estado de protección temporal por 10 años y después podrían aplicar para la residencia permanente. Nydia Velázquez, una de las propulsoras, aseguró que espera que la medida obtenga el apoyo de ambos partidos.

El abogado Omar Salguero pide a los inmigrantes que estén planeando ir a otras naciones que se aseguren de no tener ningún tipo de cuenta pendiente con la ley y buscar asesoría jurídica para evitar consecuencias migratorias.

El inmigrante guatemalteco José Contreras tiene un soplo cardíaco porque se le obstruyó una válvula del corazón, según sus familiares, quienes alegan que las autoridades de inmigración del centro de detención de Adelanto en California no le brindan la atención médica que necesita con el argumento de que otros detenidos deben ser tratados antes que él.

El TPS de Honduras fue cancelado por el DHS el 4 de mayo de 2018 y concedió una última extensión hasta el 5 de enero de 2020. El TPS de Nepal, por su parte, fue cancelado el 26 de abril del año pasado y el gobierno le otorgó una última extensión hasta el 24 de junio de 2019.

Inmigrantes crean asambleas de defensa comunitaria en 4 condados de Carolina del Norte.

Varias organizaciones llegaron a Albany para exigirles a los legisladores estatales que se apruebe esta medida. Activistas resaltaron la importancia y las contribuciones de la comunidad inmigrante, así como la necesidad que exista esta garantía. Además se calcula que las licencias generarían más de 50 millones de dólares al estado de Nueva York.