La organización Oxfam afirma que 250,000 trabajadores del sector avícola estadounidense son humillados, ignorados o amenazados con ser despedidos cuando piden permiso para ir al baño.

Una jueza Rosemary Collyer, del Distrito de Columbia considera que se está gastando inconstitucionalmente el dinero de los estadounidenses, así que podría ser congelado el dinero con el que se financian los seguros.

Muchos de estos inmigrantes debían ser deportados, pero fueron rechazados por sus países de origen, así que son dejados en libertad.

Un comunicado del Departamento de Seguridad informó que continuarán los operativos de deportación que iniciaron en enero y marzo. En enero 121 personas fueron arrestadas en 5 Estados.

Legisladores mexicanos han pedido a miembros de la fiscalía y de la cancillería que les expliquen en qué va el proceso de extradición, así como las pláticas que han tenido con Estados Unidos sobre las posesiones del narcotraficante.

Durante la audiencia, el juez Paul Crotty les advirtió sobre el "auténtico peligro" de que sus abogados sean pagados por la misma persona. Los imputados aceptaron el riesgo a pesar de que las estrategias de defensa puedan beneficiar solo a uno.