El abogado constitucionalista Ángel Leal explica que invocar el privilegio de la Quinta Enmienda “es el derecho en contra de la autoincrimación. Nos protege de tener que testificar en nuestra contra”. El experto aclara que este es un “derecho constitucional del que gozamos todos y que hace parte del debido proceso legal que garantiza la Constitución de Estados Unidos”. Puedes ver en ViX más noticias gratis.

La Quinta Enmienda de la Constitución permite que una persona no se incrimine en sus declaraciones. A pesar de que durante su campaña presidencial la criticó reiteradamente, en los años 90 Donald Trump se acogió a ella para evitar responder casi 100 preguntas en un caso de divorcio y ahora la usó nuevamente para no contestar sobre los impuestos de sus negocios. Lee más sobre la audiencia de Donald Trump y su decisión de acogerse a la Quinta Enmienda.

Aunque la viruela del mono ya fue declarada una emergencia nacional, la ley en California continúa sin un apartado con los derechos de los trabajadores que se contagien de esta enfermedad.

El presentador de Línea de Fuego, Luis Carlos Vélez, habla sobre la falta de representatividad latina en el universo corporativo y político de Estados Unidos. Pone como ejemplo dos recientes episodios en el mundo del entretenimiento y asegura que “los hispanos estamos subrepresentados” allí. Enfatiza que “somos parte crucial del país en el que estamos. Esto debe ser mucho más que la celebración con tacos y tequila el 5 de mayo”. Puedes ver en ViX más contenido gratis.

El Departamento de Trabajo de Illinois estableció estas normas, que hacen parte de las protecciones de salario mínimo para los trabajadores domésticos. La portavoz Marina Faz-Huppert explicó que con las reglas "el empleador tendrá que mantener las horas y otros requisitos. También se aclaran los tiempos de descanso, para dormir y si trabajan en la noche, también deben pagarles".

Mike Feuer, fiscal de Los Ángeles, presentó un proyecto de ley ante el concejo de la ciudad con el que busca que los llamados Centros de Crisis de Embarazo, que anuncian tener servicios de aborto y en realidad no hacen los procedimientos tratando de disuadir a las pacientes para continuar con el embarazo, enfrenten multas de hasta $10,000. La propuesta aún no ha sido aprobada.