Las pesquisas comenzaron en 2017 luego de que le fuera negado el derecho de un traductor a varios acusados y demandantes en casos civiles y criminales. Noticias 45 confirmó la utilización de personal no cualificado y el caso de Zendi González, quien debió pagar 6,000 dólares para entender lo que se discutía en su proceso de divorcio, el mismo en el que se disputaba la custodia de una de sus hijas.