Inmigración

La Corte Suprema confirma la autoridad del gobierno para detener y deportar a inmigrantes legales por delitos pasados

" Esto aplica a los no ciudadanos que estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia", explica un abogado de inmigración. En un fallo de 5 contra 4 en donde se impusieron los conservadores, el máximo tribunal revirtió la decisión de una corte inferior en San Francisco.
19 Mar 2019 – 1:28 PM EDT

La Corte Suprema decidió por mayoría este martes reforzar el poder del gobierno para detener a personas que enfrentan una posible deportación por tener antecedentes penales incluso si los delitos ocurrieron hace mucho tiempo, algo que apoya la postura del gobierno de Donald Trump.

El caso Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional v. Preap se enfocó en residentes legales no ciudadanos que cumplen una sentencia penal, son liberados y luego arrestados por agentes de inmigración.

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó en Noticiero Digital de Univision que "si eres residente (y no ciudadano) y cometiste alguno de estos crímenes de torpeza moral puedes ser puesto en proceso de deportación, no es nuevo", pero "este fallo da otra herramienta a ICE para detener y deportar a personas que están legales en EEUU que cometen un crimen o que ya lo han cometido hace mucho tiempo que ahora llegue a manos de las autoridades por cualquier razón".

El fallo de 5 votos contra 4 señala que esas personas no tienen derecho a una audiencia de fianza y la posibilidad de una nueva liberación mientras que el Departamento de Seguridad Nacional presiona su caso para conducirlo a la deportación.

"Esa es la base de esto, que si te detiene ICE no eres elegible para una fianza", explica Hernández. " Esto aplica a los no ciudadanos aunque estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia".

Por otra parte, no está claro si la ley aplica una detención obligatoria si el Departamento de Seguridad Nacional no toma la custodia inmediatamente y la persona ya ha sido puesta en libertad. Muchas veces, los agentes federales no están disponibles para asumir la custodia de un inmigrante recién liberado por autoridades estatales o locales.

El gobierno de Trump dice que el problema es especialmente grave en las llamadas ciudades santuario, que no siempre cooperan con el pedido de mantener a un inmigrante en prisión hasta que lleguen los funcionarios federales. Según indicó el especialista en Corte Suprema de Bloomberg, Greg Stohr, la administración Trump heredó el caso de la administración Obama.


El demandante nombrado, Mony Preap, nació en un campo de refugiados después de que su familia huyó de Camboya. En 1981 arribó a EEUU y en 2006 fue condenado por posesión de marihuana en EEUU. Años después de su liberación, fue trasladado a detención por inmigración luego de una breve sentencia por una ofensa que no activa la detención obligatoria. Preap fue liberado de la custodia de inmigración, pero sigue siendo el principal demandante de otros casos con quejas similares.

Los abogados de Preap de la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU, por sus siglas en inglés) argumentaron que, según la interpretación de la ley por parte del gobierno, aquellas personas que podrían demostrarle a un juez de inmigración que no representan un riesgo de fuga, serán confinadas a la detención igualmente.

En el caso tratado ante el Tribunal Supremo, algunas de las personas afectadas habían estado viviendo en sus comunidades durante años antes de enfrentarse a los procedimientos de deportación.

El fallo, que cita una disposición legal de 1996, fue defendido por el juez Samuel Alito quien dijo que tal ley exigía la detención obligatoria para los no ciudadanos que habían cometido delitos "incluido, por ejemplo, cualquier delito de drogas cometido por un adulto castigado con más de un año de prisión, así como una variedad de delitos fiscales".

Alito detalla que "estos extranjeros deben ser arrestados 'cuando [son] liberados' de la custodia por cargos criminales y deben ser detenido sin una audiencia de fianza hasta que se resuelva la cuestión de su remoción (del país)".

Este fallo revirtió una decisión de 2016 del 9º Tribunal de Apelaciones de Circuito de EEUU con sede en San Francisco.

Al anunciar la decisión, el juez conservador Alito dijo que el fallo del tribunal inferior "se burla" de las leyes federales de inmigración. Junto a él, los conservadores de la Corte, el presidente, John Roberts; y los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, se unieron a la mayoría.

Los jueces del ala más liberal de la Corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disintieron. Breyer quien escribió la opinión de disentimiento, dijo que la interpretación mayoritaria de la ley federal de inmigración "crea graves problemas constitucionales".

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