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La pregunta de ciudadanía del Censo 2020: por qué es importante para ti la audiencia en la Corte Suprema

Esta martes la administración presenta sus argumentos para incluir la polémica cuestión que sus opositores ven como un "subterfugio" destinado a "cubrir el verdadero objetivo" del gobierno, es decir "reducir el peso político de las comunidades atacadas por la administración Trump desde su llegada al poder". En juego hay 675,000 millones de dólares.
23 Abr 2019 – 8:38 AM EDT

El gobierno de Donald Trump y la oposición se enfrentarán este martes en la Corte Suprema por la controvertida pregunta sobre ciudadanía que la administración quiere incluir en el próximo censo y que los defensores de los inmigrantes quieren impedir.

El tema puede parece meramente técnico, pero tiene unas implicancias profundas en todo el país y, especialmente, en las minorías: el censo, que debe hacerse cada 10 años según la Constitución nacional, es clave para el reparto de unos 675,000 millones de dólares en subvenciones federales y para asignar a cada estado un número de escaños en la Cámara de Representantes.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció en marzo de 2018 la reintroducción de una pregunta sobre la nacionalidad, abandonada hace más de sesenta años, en los formularios para el censo de 2020.


Esta decisión suscitó inmediatas protestas de los demócratas y de los defensores de los inmigrantes, para quienes esa pregunta intimidará a los extranjeros en situación irregular y podría generar una subestimación de la población de los estados que albergan mayor número de inmigrantes, generalmente dirigidos por los demócratas.

Una veintena de estados, como California o Nueva York, y numerosas grandes ciudades, entre ellas san Francisco y Chicago, denunciaron la nueva versión del censo y fue bloqueada en los tribunales.

Un juez federal de Nueva York les dio razón en enero en un fallo en el que considera que Wilbur Ross "no tuvo en cuenta importantes aspectos" del problema y "actuó irracionalmente".

Otros dos tribunales, de California y Maryland, se pronunciaron posteriormente en el mismo sentido.

Los que critican la medida del gobierno de Trump temen, por ejemplo, recibir menos subvenciones que las que les correspondería por su nivel real de población.

Con urgencia

Ante esta situación, la administración de Donald Trump solicitó entonces a la Suprema Corte que interviniera en el asunto de manera urgente , incluso antes de que se pronunciaran los tribunales de apelaciones.

La máxima instancia judicial aceptó y escuchará este martes los argumentos del gobierno y de sus detractores, incluida la Cámara de Representantes, controlada desde enero por los demócratas.

Se tratará de la audiencia de mayor peso político desde la incorporación a la Corte, en octubre, del juez conservador Brett Kavanaugh, un nombramiento realizado por Trump que desequilibró al tribunal supremo en perjuicio de los progresistas (cuatro sobre nueve).

Los magistrados deberían pronunciarse antes de junio para que los formularios del censo puedan ser impresos a tiempo.

Uno de los temas del debate son las intenciones de Wilbur Ross. Durante audiencias públicas realizadas en 2018, el secretario de Comercio dijo que su decisión de ajustar la pregunta sobre la ciudadanía obedeció a un pedido del Departamento de Justicia, que pretendía, según dijo, obtener datos más precisos para hacer respetar las leyes electorales.

Luego quedó claro que fue el propio Ross quien pidió a su par de Justicia que formulara esa demanda.

La oficina del censo había además advertido a Ross a comienzos de 2018 sobre las consecuencias negativas de su idea. Sus expertos estimaron entonces en al menos 1,6 millones de personas que se abstendrían de participar en el censo si se les preguntara por su nacionalidad.

Luego revisaron esos cálculos y elevaron la cifra a 6,5 millones de personas, sobre una población total de 320 millones, según documentos judiciales presentados a la Corte Suprema.

"El secretario de Comercio admite la posibilidad de una subestimación", pero considera que "deriva de una conducta ilegal", escribió el gobierno para justificar la iniciativa de Ross.

La organización de defensa de los derechos civiles ACLU denunció un "subterfugio" destinado a "cubrir el verdadero objetivo" del gobierno, es decir "reducir el peso político de las comunidades atacadas por la administración Trump desde su llegada al poder".

El presidente, que hizo de la lucha contra la inmigración clandestina uno de los puntos fuertes de su gestión, defendió el agregado de la "pregunta esencial sobre la ciudadanía" de los interrogados en el formulario.

Sin ella, tuiteó a comienzos de abril, el censo "perdería toda significación y ello equivaldría a despilfarrar miles de millones de dólares (ridículo)".

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