El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó este martes de más cambios para el Departamento de Policía, que a partir de ahora tendrá que hacer públicos los videos y audios de las cámaras corporales que llevan los agentes siempre que una persona muera o resulte herida en un incidente.

Se trata de Jazmín Morales de 26 años y quien no hacía parte de las manifestaciones del pasado 30 de mayo, sino que se encontraba haciendo compras cerca de donde se adelantaban las movilizaciones cuando recibió el impacto. “Le partió la piel, necesitó 14 puntos y ocho días después del hecho no podía caminar”, aseguró el abogado de la víctima. La demanda asciende a los 10 millones de dólares.

Xavier Becerra, fiscal general del estado, presentó una serie de medidas que incluyen la prohibición del estrangulamiento por parte de oficiales, la modificación de tácticas caninas, la imposibilidad de disparar a vehículos en movimiento y la limitación del uso de la fuerza mortal como último recurso, entre otras. Este plan se da a conocer a la par de un reporte en Los Ángeles que evidencia el déficit presupuestario de la policía local tras las recientes manifestaciones. Más información aquí.

El video lo dio a conocer la organización ProPublica, la cual realizó una investigación sobre las 44 horas de detención que terminaron con la muerte de Phillip García, un hombre nacido en Indio, California, y que al parecer sufría una crisis mental cuando lo recluyeron en la cárcel del condado de Riverside. Las imágenes muestran a un equipo de tácticas especiales usando balas de pimienta, descargas de pistolas eléctricas y una granada para entrar a la celda y someter al hombre. Más información aquí.

La orden ejecutiva prohíbe las tácticas de estrangulamiento, excepto cunado la vida del agente esté en peligro, pide mayores niveles de entrenamiento sobre el uso de la fuerza y que se fortalezca una base de datos nacional para monitorear las conductas inapropiadas de los uniformados. Los que critican la orden, dicen que esta no soluciona las tensiones raciales. "La comunidad tiene demandas y no fueron cumplidas con esta orden", dijo Yadira Sánchez, codirectora ejecutiva de PoderLatinx. Más información aquí.

Muchos aseguran que varios de los puntos incluidos en la orden, firmada este martes por el presidente Donald Trump, ya existen actualmente en la Ciudad de los Vientos, como el decreto de consentimiento que limita el uso del estrangulamiento. “Las cartas que toma el mandatario no son reformas que ayudarían a cambiar el racismo sistemático”, asegura la activista Rey Wenses.