La legislatura delegó un presupuesto para contratar a 10 empleados de BPR con el fin de regular a dichas asociaciones. Además de esta apertura, en cámara y senado se aprobó más de 20 reformas a la ley estatal de condominios que implantarán castigos específicos a quienes intenten actuar de manera fraudulenta.

El activista Christian Díaz manifiesta que la compañía que tiene un proyecto de 60 residencias en el barrio no planea beneficiar a esta población.

Esta decisión, que fue unánime tanto en cámara como en senado , convierte en delitos la falsificación de firmas, el robo de votos y el ocultar documentos para cometer un fraude. Los conflictos de interés serán castigados penalmente y los edificios con más de 150 unidades estarán obligados a publicar reportes financieros y hasta copias de los contratos.

De aprobarse el proyecto, habría castigos penales y criminales para falsificaciones de firmas o fraudes electorales a la hora de elegir la junta de las agrupaciones residenciales.

En el edificio no hay electricidad. Residentes dicen que están viviendo una verdadera tragedia porque muchos de ellos aún no han podido regresar a sus casas. Algunos han tenido que dormir con sus vecinos o con familiares. Algunos están recibiendo también el apoyo de la Cruz Roja.

El Departamento de Bomberos enfrentó a varias líneas del tendido eléctrico prendidas, y lo peor es que uno de los ocupantes fue rescatado con heridas severas.