Esta decisión, que fue unánime tanto en cámara como en senado , convierte en delitos la falsificación de firmas, el robo de votos y el ocultar documentos para cometer un fraude. Los conflictos de interés serán castigados penalmente y los edificios con más de 150 unidades estarán obligados a publicar reportes financieros y hasta copias de los contratos.