La Junta de Supervisores de Los Ángeles dio luz verde para que se lleve a cabo un programa piloto que otorgará recursos económicos mensuales a los más necesitados durante tres años. Se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre la ejecución de la iniciativa.

Consumidores en el sur del estado aseguran que el dinero no les está alcanzando para comprar los víveres que necesitan para alimentar a sus familias. Los propietarios de mercados dicen que esta situación se debe a que los proveedores con los que trabajan han ajustado sus precios y para tener ganancias deben hacer exactamente lo mismo. Por su parte, asesores en finanzas explican que la principal causa radica en los cambios de políticas que impactan directamente los impuestos y importación del petróleo.

Recientemente se ha generado una discusión respecto a este tipo de auxilios, ya que para ciertos sectores políticos existen miles de personas que prefieren continuar desempleados y seguir recibiendo asistencia federal. Para el analista republicano Juan Carlos Polanco muchos recursos están siendo desperdiciados en quienes deciden quedarse en casa sin laborar. Por su parte, Luis Miranda, estratega demócrata, dice que este dinero del plan de rescate ha salvado miles de vidas.

Varias de las capitales peruana más grandes deben su existencia a la invasión de terrenos en los años 80s. La historia se repite pero con un resultado muy diferente.

El programa de auxilio cuenta con un fondo estatal de más de 2,000 millones de dólares y quienes deseen aplicar deberán demostrar, ya sea con recibos o contratos, que han tenido al menos una deuda por alquiler desde marzo de 2020. El beneficio también estará disponible para personas indocumentadas y el dinero asignado será entregado directamente a los caseros.

Legisladores electos se han unido para apoyar y solicitar la aprobación de la iniciativa enfocada en suprimir los cobros que se imponen para poner fin a encarcelamientos y embargos por deudas. Activistas han calificado estas multas como una medida “abusiva que hace más difícil la situación”. Agregan que los cargos obligatorios por incumplimiento de fechas solo logran que este proceso afecte en mayor porcentaje a los menos favorecidos.