A partir del 1 de septiembre, la administración Trump facultó a autoridades de inmigración para deportar de manera expedita a inmigrantes indocumentados que lleven menos de dos años en el país, sin importar en qué lugar sean detenidos. Antes, la medida solo permitía ese tipo de deportaciones cuando la persona era detenida a 100 millas de la frontera.

El jefe interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, destacó el trabajo que viene realizando México para contener las oleadas de migrantes en busca de asilo, pero advirtió que si no lo sigue haciendo, la crisis puede recrudecer en los meses venideros.

Ante esta solicitud, el senador Rick Scott aseguró que, con el apoyo de Marco Rubio, le solicitará al gobierno federal evitar aplicar ciertos requerimientos migratorios a damnificados por el huracán que tienen familia en Estados Unidos. Por su parte, el presidente Trump aseveró que “debemos ser muy cuidadosos de quién entra al país”.

El abogado experto en Inmigración Raed González asegura que los indocumentados deben demostrar que llevan más de dos años en el país y lo pueden hacer exponiendo el contrato de arriendo de la vivienda donde residen, los recibos de los servicios que han pagado, las actas de nacimientos de hijos en EEUU, los registros de escuela y la declaración de impuestos.

Esta ley fue creada por el Congreso en 1996 y autoriza a oficiales de Inmigración a deportar a personas sin necesidad de ver un juez. La medida solo se aplicaba dentro de las primeras 100 millas desde la frontera, pero ahora se adaptó a todo el país a partir del 1 de septiembre pasado.

Willy Allen, experto en inmigración, explica que la medida le ordena al Departamento de Seguridad Nacional que revise los paroles de cada arrestado. “El punto de la demanda es que es imposible que en las cárceles federales de Louisiana, donde están tantas personas esperando asilo, a nadie se le dé una fianza”, asegura. Sin embargo, resalta que esto no significa que todos pueden ser merecedores del beneficio.