Gabriela Duarte perdió su Estatus de Protección Temporal años atrás por hacerle caso a un abogado. Con eso perdió la posibilidad de llevar una vida tranquila en EEUU. Ahora vuelve a estar en riesgo de ser deportada a su país, uno de los más violentos del mundo y donde sabe que no tendrá garantías de nada, ni siquiera de poder mantenerse viva.

La petición sumará esfuerzos a una demanda que la Unión Americana de Libertades Civiles ya había llevado adelante. Esta semana, el mandatario pidió al Congreso otros 2,000 millones de dólares para el muro y más de 3,000 millones de dólares para centros de ICE.

Los arrestos en la frontera sur siguen disminuyendo en lo que va de año fiscal. Sin embargo, el número de adultos mexicanos que tomaron en custodia incrementó 32% en relación con enero del año anterior y esos migrantes ya superan a los centroamericanos que en los últimos años estaban a la cabeza de las aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza.

Todos son ciudadanos provenientes de El Salvador y Honduras que fueron enviados a Guatemala como parte de los acuerdos con los que el gobierno de Donald Trump convirtió en la práctica en 'tercer país seguro' a los mismos territorios de los que huyen estos centroamericanos.

Desde hace unas dos semanas, distintas ONG han denunciado que el gobierno de Andrés López Obrador les ha restringido la entrada a los centros en los que se encuentran retenidos los migrantes, muchos de ellos centroamericanos que llegaron en las últimas caravanas que buscaban avanzar a EEUU. La medida fue oficializada por el Instituto Nacional de Migración esta semana y las críticas no tardaron.

Con la nueva fecha de audiencia fijada, el hombre pidió poder enviar la aplicación por correo sobre todo porque temía por su vida. "Los solicitantes de asilo son devueltos para sufrir condiciones terribles, con frecuencia sin acceso a refugios seguros", dice Human Rights First.