La organización United We Dream se encuentra trabajando con la congresista demócrata Lucille Roybal-Allard en un proyecto que, según sus promotores, daría protección a los jóvenes indocumentados y personas con TPS. Expertos creen la iniciativa no tendrá futuro en el Senado, ya que este cuenta con mayoría republicana.

La experta en inmigración Noemí Ramírez comenta los últimos acontecimientos y el estatus actual de este beneficio migratorio.

Alrededor de 200 activistas de Carolina del Norte piden frenar la suspensión de este beneficio migratorio.

La querella alega que la decisión del gobierno de EEUU es discriminatoria y motivada por el racismo. Las familias afectadas por la desaparición del programa temen por los efectos que esto podría generar a futuro en sus hijos. Por otro lado, el Centro para el Progreso Estadounidense publicó un informe en el que detalla que la deportación de los trabajadores amparados por el Estatus de Protección Temporal podría tener consecuencias negativas en la economía del país.

La acción emprendida por la Unión Americana de Libertades Civiles fue presentada este domingo en un tribunal federal en San Francisco. Argumentan que la decisión de terminar el TPS para Nepal y Honduras es una violación de la Constitución. Señala que la administración Trump cambió su interpretación de la ley para tomar esta decisión y no dio explicación alguna.

La alarma sobre la cantidad de menores que estarían en esta situación fue dada por la organización Center for American Progress (CAP), que publicó un reporte donde señala las consecuencias para las familias de 300,000 personas cobijadas por este programa migratorio si el Congreso no legaliza su situación. Julio Calderón, de 29 años y cuyos padres tienen el Estatus de Protección Temporal, describe los duros escenarios que vivirían los menores, empezando por la separación.