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Sindicatos piden al Congreso que regularice a los beneficiarios de DACA y TPS

Las organizaciones laborales precisaron que “cuando los titulares de DACA y de TPS están en riesgo, los trabajadores estadounidenses son más vulnerables a los abusos por parte de los empleadores”.
4 Mar 2019 – 2:42 PM EST

El movimiento sindical obrero estadounidense se unión para pedirle al Congreso que apruebe una ley que legalice a los miles de inmigrantes protegidos de la deportación por la Acción Ejecutiva de 2012 (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

En una carta enviada a los líderes ambos partidos, la demócrata Nancy Pelosi y el republicano Kevin McCarthy, en la Cámara de Representantes, y Mitch McConnell y Charles Schumer, en el Senado, los sindicatos dicen que es tiempo de aprobar “protecciones permanentes” para más de 1 millón de inmigrantes (poco más de 700,000 dreamers y unos 300,000 TPS), algunos de los cuales llevan décadas en Estados Unidos, que además incluya un camino a la ciudadanía.

“Como organizaciones sindicales que representan a millones de trabajadores, les instamos a renovar las designaciones de TPS y aprobar leyes lo antes posible, a más tardar en los primeros 100 días del 116 Congreso (instalado el 3 de enero) para brindar protección permanente” tanto a soñadores como teresianos, se lee en la misiva.

Las organizaciones laborales precisaron que “cuando los titulares de DACA y soñadores de TPS están en riesgo, los trabajadores estadounidenses son más vulnerables a los abusos por parte de los empleadores”.

Tanto DACA como el TPS conceden un freno temporal de deportación y una autorización temporal de empleo, que vence al término de la protección.


La misiva

En la carta, los líderes laborales señalan que “muchos de los protegidos por DACA y el TPS “son miembros valiosos de nuestros sindicatos y de nuestra comunidad laboral. Trabajan en
construcción, restaurantes y servicio de comidas, guarderías, supermercados, escuelas y muchos otros”, además de “ser padres de cientos de miles de niños ciudadanos estadounidenses”.

Añaden que al no darles un estatus legal de permanencia, los coloca al borde de la deportación y con ello la pérdida de cientos de miles de empleados, algo que “sería devastador para la economía de nuestro país”.

Indican además que por ahora ambos programas están vigentes por órdenes de los tribunales de justicia, pero que solo se trata de metidas temporales que pueden ser anuladas en cualquier momento.

Por este motivo, los sindicatos urgen al Congreso a “aprobar leyes para proporcionar protecciones permanentes a estos valiosos trabajadores. Están en riesgo”, apuntan.


Exigen derechos

"Para el movimiento obrero, estos programas han sido vitales para asegurar que miles de personas trabajadoras tengan derechos en el trabajo y la libertad de negociar unidos”, dijo Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

"Los trabajadores inmigrantes son la columna vertebral de la industria hotelera estadounidense, y los miles de trabajadores de UNITE HERE en TPS y DACA son miembros insustituibles, no solo de sus familias, sino de sus comunidades y fuerzas laborales en todo el país·, agregó.

A su vez, Donald Taylor, presidente internacional de UNITE, dijo que decenas de miles de miembros de organizaciones están protegidos por DACA y el TPS, y que en caso de que estos programas sean eliminados, causarán un duro impacto en la economía estadounidense.

“Ellos (los trabajadores) necesitan que el Congreso actúe de inmediato sobre la legislación que proporciona una solución permanente", indicó.

"Esta legislación debe ser aprobada por razones humanitarias y económicas”, dijo Terry O'Sullivan, presidente de LIUNA. “Los destinatarios de TPS, durante décadas, han hecho el trabajo de las industrias estadounidenses y nuestras economías locales dependen de ellas, y merecen quedarse”, puntualizó.

“Los miembros del Congreso deben hacer frente a las odiosas y racistas objeciones del presidente Trump (para cancelar estos programas) y demostrar que somos un país acogedor”, apunto O'Sullivan.

Promesa demócrata

Los primeros días de diciembre, un mes después que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes, Pelosi que enviaría al pleno un pr0oyectio de ley para legalizar permanentemente la permanencia de dreamers como de inmigrantes amparados de la deportación con el TPS.

Simultáneamente el nuevo líder del partido demócrata, Steny Hoyer, también prometió que introduciría una iniciativa para darle residencia legal permanente a más de 1 millón de indocumentados amparados por ambos programas.

Hoyer dijo además que el proyecto, además de darles una estadía permanente, les ofrecería la ciudadanía estadounidense.


La cancelación de DACA

DACA fue creado el 15 de junio del 2012 durante el primer gobierno de Barack Obama, en respuesta a la inacción por parte del Congreso para discutir y aprobar una reforma migratoria que legalizara a la mayoría de los 11 millones de indocumentados, una promesa de campaña del entonces mandatario.

El 5 de septiembre de 2017 el gobierno de Trump lo canceló argumentando que se trataba de un programa ilegal y que Obama violó la constitución al cambiar una parte de la ley de inmigración sin el respaldo del Congreso.

Cuatro meses más tarde, el 9 de enero de 2018, una corte de California ordenó al gobierno de Trump restituir el programa. La orden fue ratificada el 13 de febrero por un tribunal de y el 24 de abril una tercera corte, esta vez de Washington DC, falló a favor de la restitución de DACA.


Las cancelaciones del TPS

En septiembre de 2017 el gobierno comenzó a cancelar los TPS. El primero en la lista fue Sudán, con poco más de 1,030 beneficiarios. La Casa Blanca argumentó que las condiciones por las que había sido concedido cesaron o mejoraron para las naciones favorecidas.

El 6 de noviembre el DHS anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

El 22 de ese mes el gobierno agregó a la lista a Haití, donde el programa ampara de la deportación a unos 58,000 inmigrantes.

Dos meses después, el 8 de enero de 2018, le tocó el turno a El Salvador: casi 192,000 inmigrantes indocumentados que llevan casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

El 4 de mayo el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protege a unos 56,000 nacionales de ese país.

Pero el 3 de octubre El 3 de octubre un juez federal bloqueó la decisión del gobierno de Donald Trump de acabar con los TPS de Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua. El juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, liberó de la deportación a más de 300,000 inmigrantes. La medida no incluyó a Honduras, por ahora, porque en la demanda interpuesta no estuvo representada.

El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.


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