El vicepresidente de la Asamblea Nacional se convierte en el primer preso político que recobra su libertad tras los diálogos en los que no participa el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ni los principales partidos de oposición. Acusado de traición a la patria, el político pasó más de 130 días detenido y aislado en una cárcel militar del Fuerte Tiuna en Caracas e incluso realizó una huelga de hambre en protesta por sus condiciones de reclusión y de violación a sus derechos humanos.

Iván Simonovis, quien fue encarcelado por al parecer participar en el golpe de estado a Hugo Chávez en el año 2002, cuenta que fue condenado a 30 años de prisión y que en los primeros nueve años solo tuvo acceso al sol durante 33 días, lo que explica varias de sus complicaciones de salud. Dice que durante ese tiempo fue sometido a diversas torturas físicas y psicológicas, como recorrer en total 49,000 kilómetros estando esposado.

Iván Simonovis fue condenado a 30 años de cárcel por presuntamente estar involucrado en el golpe de estado a Hugo Chávez en el año 2002. Cumplió 15 años de condena, cuatro de ellos en su casa, desde donde se escapó rompiendo una ventana. Dice que en su salida de Venezuela fue clave la ayuda de Leopoldo López, el indulto de Juan Guaidó, y la colaboración de funcionarios y militares activos.

El grupo estuvo detenido por más de dos años acusados de terrorismo y atacar a Nicolás Maduro, pero sin pruebas en su contra. Fueron catalogados como paramilitares y permanecieron hacinados y recibiendo maltratos, según denuncian. Abogados aseguran que fueron presos políticos con detenciones arbitrarias.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos se reunió con el régimen venezolano, el líder del Parlamento y presidente interino Juan Guaidó, además de opositores, así como activistas de DD.HH. y víctimas de abusos. Se pronunció a favor de la libertad de quienes ejercen “sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”.

El gobierno sandinista asegura que ya liberó a todos los 777 presos políticos. Sin embargo, la oposición asegura que faltan 85. Las protestas han aflorado en la última semana en Nicaragua, mientras la represión continúa y Ortega trata de sortear un hostil entorno internacional que pide más sanciones.