Maduro "indulta" a más de un centenar de presos, la mitad de ellos políticos, buscando ganar legitimidad
Con lágrimas en los ojos, visiblemente afectada, Antonia Turbay sale de sede de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia, en Caracas, comunmente conocida como El Helicoide, y se encuentra ante un cordón de periodistas. Ella forma parte del más de un centenar de presos liberados este lunes tras un discutido indulto del gobernante socialista Nicolás Maduro, la mitad de los cuales son presos políticos.
Tenía boleta de excarcelación desde el 26 de julio de 2019, pero continuaba tras las rejas por razones hasta ahora inexplicables. Su delito era ser la vecina de un conocido opositor, el comisario Iván Simonovis, quien tras permanecer en prisión domiciliaria, con un grillete y custodiado por agentes de inteligencia, se fugó en mayo del año pasado.
A Turbay la acusaron, sin pruebas, de ayudar a la fuga de Simonovis. "Desde el 26 de julio estoy esperando. Ha sido muy duro, porque cuando uno es culpable, uno cumple su condena, pero que haya estado injustamente por algo que no tengo nada que ver, es difícil”, dice a los reporteros la mujer, que solo era la secretaria de la asociación de vecinos de su urbanización.
Al igual que ella, 110 personas salieron este lunes de la prisión. El ministro de Comunicación del régimen Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa transmitida por la televisión gubernamental leyó la lista de los beneficiados por el "indulto presidencial", entre ellos dirigentes tan connotados como Freddy Guevara, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional que se hallaba asilado en la embajada de Chile en Caracas; o Roberto Marrero, asistente del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.
Marrero tenía más de de un año detenido. Fue acusado de integrar una "célula terrorista" que planeaba ataques para desestabilizar el gobierno de Maduro.
"La libertad siempre es bien recibida, digan lo que digan", expresó a los periodistas al salir de la sede del Helicoide.
Aunque no estaba detenido sino sujeto a investigación, también recibió el indulto Henry Ramos Allup, veterano político presidente del partido Acción Democrática, cuya directiva fue invalidada por el Tribunal Supremo, que entregó su control a otros dirigentes, como lo hizo con otras organizaciones políticas opositoras.
Otros dos opositores, Gilber Caro y Renzo Prieto, también están en la lista de beneficiados. “La intención del gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional para la unión nacional, para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas y por vías electorales”, declaró el ministro Rodríguez.
Guaidó señala "una trampa"
Pero la decisión ha sido tomada con reservas por adversarios al régimen y matizada por analistas políticos. Guaidó celebró el hecho de que hubiesen liberado a estas personas, aunque en su opinión se trata una "trampa" de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre, que buena parte de la oposición llama a boicotear por carecer de las condiciones necesarias de transparencia y garantías.
"No se indulta a inocentes ni a quienes tienen inmunidad", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter, al denunciar que "la dictadura" usa a los beneficiados como "pieza de canje" para ganar legitimidad para el venidero proceso comicial.
Efectivamente, la mayoría de los "indultos" se dictó sobre opositores sin sentencias, ni penas de cárcel.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano, indicó en su cuenta de Twitter que de los 110 indultados únicamente “50 son realmente presos políticos”, y otras 23 personas beneficiadas “ya estaban en libertad bajo medidas cautelares", mientras las restantes 37 “estaban sujetas a investigación, pero no a restricciones de su libertad”.
Por su parte, Alfredo Romero, director de la misma organización, declaró: "El indulto procede cuando las personas han cometido un delito y ha sido definido. Las figuras que proceden en este momento son las medidas de carácter humanitario o una revisión de una medida o libertad plena por parte de un tribunal".
“Ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente”, declaró el diputado Américo De Grazia, quien en mayo de 2019 solicitó refugió en la embajada de Italia en Caracas después que la Asamblea Nacional Constituyente (controlada por Maduro) le retiró su inmunidad parlamentaria para someterlo a juicio y desde noviembre vive en ese país europeo.
Los "indultos" no benefician a a Guaidó, sobre quien pesan múltiples causas judiciales desde que se proclamó mandatario interino en enero de 2019; como tampoco a Leopoldo López, quien se refugia como huésped dentro de la residencia del embajador de España en Caracas; o Julio Borges, legislador opositor que vive exiliado en Colombia.
Legitimación, oxígeno y sanciones
Félix Seijas, analista de la firma Delphos, dijo a la agencia AFP que los indultos persiguen como "objetivo número uno la legitimación" de los comicios para elegir una nueva Asamblea Nacional.
Y esa legitimación, según Seijas, pasa por "promover la participación de factores opositores de peso" en el proceso electoral. "Ahora, quizás, veremos la habilitación de algunos líderes políticos", dijo el analista.
Pero más allá de legitimación política, Maduro también busca "oxígeno" en la escena internacional donde tanto él como su gobierno han sido catalogados fuera del marco democrático y han sido objeto de fuertes sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
"Maduro necesita tomar decisiones con respecto a la deuda externa, necesita capital, necesita préstamos, reestructuraciones de deuda, Venezuela necesita dinero", subraya Álvarez Loscher, citado por la AFP.
Geoff Ramsey, de la institución académica Washington Office on Latin America, plantea a la AP que esto es claramente el producto de negociaciones por la puerta trasera entre el gobierno de Maduro y los sectores moderados de la oposición, ante el estancamiento en que se encuentra el país.
“Están más interesados en buscar acuerdos graduales que en insistir en que Maduro tiene que irse antes de que se pueda negociar algo significativo”, dijo Ramsey. “La gran pregunta es si esto irá más allá de los presos políticos para incluir cosas como elecciones libres y justas”.
