NPR, la radio pública nacional, reportó que una indocumentada refugiada en una iglesia santuario recibió una notificación de ICE el pasado 24 de junio en la que le dicen que la agencia tiene intenciones de multarla con 497,777 dólares por no abandonar EEUU. Abogados aseguran que se trata de una ley que comenzó hace aproximadamente 20 años, pero que no habían visto que se usara de manera indiscriminada como ahora.

Uno de los argumentos de los abogados que elevaron la demanda es que obstaculizar este derecho es inconstitucional. Por el momento, el Departamento de Justicia no ha hecho comentarios, pero grupos proinmigrantes esperan que la administración del presidente apele la decisión. Si la corte no hubiera intervenido, la nueva política habría entrado en efecto en dos semanas.

Las fotografías provienen de un informe de la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y muestran la realidad que se vive en varios centros del Valle del Río Grande, en Texas. En una de ellas se ve a 82 inmigrantes varones retenidos en una celda con capacidad para 41 personas, asomados en la ventana muestran un pedazo de cartón con la palabra "ayúdame".

El caso de José Escobar fue uno de los primeros en verse afectado por las medidas tomadas al inicio del gobierno Trump que declaró a todo indocumentado en el país como elegible para deportación. El inmigrante recibió el apoyo de diferentes activistas, abogados y políticos, entre ellos el del congresista demócrata Al Green, quien viajó en tres oportunidades a El Salvador para ayudar a agilizar el proceso en la Embajada de EEUU.

Si el personal de las tres principales cadenas de supermercados decide parar actividades, cerca de 800,000 trabajadores sindicalizados de otros sectores lo respaldaría. Las negociaciones se encuentran estancadas principalmente por dos puntos: aumento de sueldo y que no se quite el servicio médico a los empleados y a sus familias.

El oficial retirado estaba en custodia de la Dirección de Inteligencia Militar, fue capturado sin orden judicial siete días antes y desaparecido, según denunció su esposa. El capitán de corbeta era vinculado a un supuesto plan de golpe de Estado que había manifestado el régimen y por el cual fueron capturados cinco uniformados más. La muerte de Acosta ha generado una condena global, rechazo a las detenciones arbitrarias y la solicitud de una pronta explicación sobre lo sucedido.