Jorge Cancino

El gobierno asegura que la oficina perseguirá solo a aquellos que han cometido fraude al sistema de naturalización, pero activistas proinmigrantes y defensores de los derechos civiles advierten que se trata de una herramienta antiinmigrante.

La cláusula se incluía en la Sección 8 del Código de Estados Unidos (US Code), que establece multas y penas de cárcel severas a quienes resulten culpables de diseñar un plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.

Otro aspecto que causa preocupación sobre la nueva regla de carga pública es la amplia discrecionalidad que la nueva regla otorga a los funcionarios de inmigración y consulares para otorgar o negar visas y residencias permanentes. “Hasta 200,000 cónyuges inmigrantes ahora pueden correr el riesgo de que se les niegue una tarjeta verde”.

Organizaciones de inmigración, religiosos, de derechos civiles, de responsabilidad gubernamental y laborales urgen a ambas cámaras del Congreso que establezcan un sistema de tribunales de inmigración que sea independiente del Departamento de Justicia para garantizar el debido proceso. La posibilidad de que el sindicato de jueces sea disuelto ha llevado a activistas a sonar la alarma.

Jorge Cancino responde algunas de las preguntas más frecuentes que han surgido con la entrada en vigor este lunes de la ley que dificulta la obtención de visa o residencia en Estados Unidos. Sin embargo, es fundamental que cada caso cuente con asesoría de un abogado u organización de apoyo a migrantes.

El nuevo protocolo limita las opciones para conseguir visa para entrar a Estados Unidos y también afectará a quienes pidan la residencia permanente (green card). Quienes hayan usado fondos públicos durante 12 meses en los últimos 36 meses serán los más afectados.