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Corte Suprema determinará si solicitantes de asilo tienen derecho a revisión de sus casos

El caso surge a raíz de la activación de un programa que le permite al gobierno acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados que pierden sus casos de asilo o son detenidos en las primeras 100 millas de la frontera.
2 Mar 2020 – 04:33 PM EST
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La Corte Suprema de Justicia celebra este lunes una audiencia en el proceso de revisión de un expediente que determinará si los peticionarios de asilo que reciben una respuesta negativa tienen derecho a que se revisen sus casos.

Cuando un solicitante de asilo es rechazado por un agente federal o pierde su caso en la Corte de Inmigración, recibe automáticamente una orden de deportación. Y en caso de que el extranjero falte a una audiencia judicial, el juez emitirá inmediatamente una orden de deportación en ausencia.

“Estamos argumentando para proteger el derecho de revisión judicial para los solicitantes de asilo”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Gelernt dijo además que “los destinos de estas personas (peticionarios de asilo) están a menudo en manos de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Control de Aduanas y Fronteras (CBP) con poder sin control para tomar decisiones que cambian la vida casi sin supervisión”.

El caso Thuraissigiam

En octubre del año pasado el máximo tribunal de justicia aceptó una petición del gobierno de Donald Trump para revisar un fallo de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que favoreció al inmigrante Vijayakumar Thuraissigiam, un solicitante de asilo originario de Sri Lanka.

El tribunal, con sede en San Francisco, halló que una ley federal que quitó poder a los jueces de inmigración para revisar las deportaciones rápidas, conocida como expulsión acelerada (expedited removal), violó en este caso una disposición de la Constitución denominada ‘cláusula de suspensión’.

En su petición de asilo, Thuraissigiam dijo que pertenece a la minoría tamil en su país, donde fue torturado por sus creencias políticas y sometido a palizas y la práctica de tortura conocida como ahogamiento simulado.

"Es un principio fundamental de nuestra Constitución que las personas privadas de libertad tengan acceso a un tribunal federal”, dijo Gelernt, qwuiern además representa a Thuraissigiam.
“Esto incluye a los solicitantes de asilo cuyas vidas están en peligro", agregó.

Deportación acelerada

La deportación acelerada o expedita es un procedimiento establecido por el Congreso en 1996. Si bien permaneció dormido hasta 2017, el gobierno lo activó, entre otros, para afectar a todos los presuntos extranjeros que son arrestados dentro de las 100 millas de la frontera y que no pueden demostrar que han vivido en el país por más de dos semanas.

En julio del año pasado, el gobierno extendió el mandato a nivel nacional para poder deportar de forma expedita a cualquier extranjero que lleve menos de dos años en el país.

La medida iba dirigida a extranjeros que, de acuerdo con la ley, “no han sido admitidos” o se encuentran en libertad condicional” y no han demostrado afirmativamente, a satisfacción de un oficial de inmigración, que han estado presentes físicamente en Estados Unidos continuamente durante el período de dos años inmediatamente antes de la fecha de la determinación de inadmisibilidad”.

Este grupo de extranjeros será deportado de manera expedita o acelerada, indicaba la regla.

“El programa afectaba tanto a personas que entran indocumentadas al país como a aquellos que ingresan legalmente por un puerto fronterizo”, explicó Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

En septiembre la jueza federal Ketanji Brown Jackson del Distrito de Columbia (DC), dio un golpe a la política del gobierno que concedía poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para detener y arrestar a inmigrantes en cualquier parte del territorio nacional para que pudieran ser expulsados de forma acelerada si tenían antecedentes criminales (o estar indocumentados) y no demostraban que llevan al menos dos años en el país.

Regla peligrosa

Según la regla aprobada por el gobierno, pero suspendida temporalmente mientras la Corte Suprema resuelve su destino, los agentes federales de inmigración tienen la autoridad legal para emitir una orden de expulsión en el acto, sin testigos, testimonio, un árbitro neutral o una apelación, explica el sitio Scotus.blog.

Añade que, si un solicitante de asilo afirma tener “miedo a la persecución”, recibe una entrevista de miedo creíble. Pero si el agente de asilo determina que no hay una "posibilidad significativa" de que se le otorgue asilo durante una audiencia completa, se le ordena que regrese a su país de origen por medio de una orden de deportación.

El sitio señala que la regla se trata de una “desviación intencional” de una tradición de 100 años que “proporciona a todos una audiencia de inmigración completa” como parte del debido proceso.

Explica además que “estas "deportaciones rápidas" fueron una respuesta a los abusos percibidos del sistema de asilo.

Cuando los no ciudadanos se presentaron en la frontera sur, no había espacio de detención y existía una larga cola en las cortes de inmigración. A las personas se les permitió ingresar a Estados Unidos para esperar una audiencia de inmigración. Pero la historia legislativa argumenta que aquellos que reclamaban asilo injustamente, luego compraban tiempo adicional para vivir aquí o incluso desaparecían en dentro del sistema mientras esperaban la resolución de sus casos, algunas veces durante años, agrega la página de Scotus.blog

La decisión

La decisión de la Corte Suprema se espera para junio. Si bien el fallo de la Corte de Apelaciones del 9º sólo aplica a Thuraissigiam y no anuló la ley en cuestión, el dictamen del tribunal aún podría aplicarse a la totalidad de la jurisdicción.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que el fallo de la corte de San Francisco deja sin efecto el propósito de un sistema dirigido a inmigrantes específicos para una deportación acelerada, además de "socavar la capacidad del gobierno para controlar la frontera", que se encuentra bajo estado de emergencia.

El Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) dice que la revisión de un caso de deportación acelerada "protege los derechos de los no ciudadanos que se encuentran dentro de Estados Unidos”, y no restituirlo “contraviene los principios fundamentales de nuestro sistema constitucional y el precedente del máximo tribunal".

La Corte Suprema “nunca ha excluido a un individuo en territorio estadounidense de las protecciones de la cláusula de suspensión en ausencia de una suspensión formal del recurso de hábeas corpus, y por una buena razón”, agrega. “Hacerlo sería ignorar la revisión judicial, la Constitución y el estado de derecho”, puntualiza.

“Lo que está en juego en este caso es alto. El resultado determinará si ICE y CBP tienen una capacidad prácticamente blanca para enviar a los solicitantes de asilo a los países de los que huyeron sin supervisión judicial federal, en un proceso que puede llevar solo unos pocos días”, dijo Gelernt.

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