A partir del 1 de octubre el servicio de inmigración y ciudadanía implementará nuevas políticas con las solicitudes denegadas y podrá notificar para que se presenten ante un juez de inmigración, primer paso para iniciar un proceso de deportación.

De acuerdo con una queja interpuesta a nombre del mexicano Carlos Rueda, agentes migratorios lo habrían forzado de distintas maneras, incluso advirtiéndole que lo deportarían a él y a su familia, para que diera nombres y domicilios de inmigrantes sin papeles condenados por manejar borrachos o que hubiesen cometido otros delitos.

El Gobierno advierte que, una vez que entre en funcionamiento la nueva norma, cualquier persona con estatus legal a la que se le nieguen beneficios sin ninguna advertencia previa, podría enfrentar la expulsión del país si se comprueba que cometió actos catalogados como una "torpeza de carácter legal".

Se estima que unos 200,000 estudiantes con DACA viven en el estado. Esta nueva ley les da la esperanza de poder continuar sus estudios fuera del país y así no atrasarse en sus estudios.

La masiva migración de los habitantes de Caracas en los últimos meses ha dejado huellas de vida familiar suspendidas en las casas abandonadas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto que USCIS determine si los inmigrantes representan un alto riesgo económico para el país basados en el concepto de carga pública.