Unos 1,500 trabajadores firmaron un documento exigiendo que la empresa no se relacione con las políticas migratorias del gobierno de Trump, después de que se revelara que la compañía tendría un contrato a través de terceros para proveer servicios a USCIS. Se trataría de temas de almacenamiento de datos en línea.

Los contagios habrían comenzado en septiembre de 2018, pero la situación fue revelada recientemente y al menos 898 inmigrantes han sido reportados con la enfermedad. El obispo bautista Juan Carlos Méndez, que ha visitado los centros, asegura que la falta de higiene en estos lugares es la principal causa del brote, favoreciendo la propagación por falta de cuidados, medicamentos y elementos de aseo personal.

La Fiscalía alega que la empleada de varias firmas legales se quedó con más de 181,000 dólares que sus clientes le entregaron a través de cheques y giros postales. Pero en lugar de pagar sus trámites migratorios, ella depositó ese dinero en sus cuentas bancarias.

La abogada Gloria Castillo habla sobre la nueva política que quiere implementar el gobierno de EEUU y quiénes serían los afectados a partir del 1 de septiembre. Recomienda a los inmigrantes preparar y portar documentos que demuestren su estadía en país durante al menos dos años, como contratos de renta, títulos de casas, recibos de servicios o récords de estudios.

El nuevo programa del gobierno permitiría los arrestos en cualquier lugar del país a indocumentados que no puedan demostrar que llevan al menos dos años de estadía continua en EEUU. Organizaciones proinmigrantes y de derechos civiles demandaron al Departamento de Seguridad Nacional para detener esta política.

Menos del 50% de las 7,740 quejas interpuestas contra oficiales migratorios en 2017 resultaron en acciones disciplinarias, según cifras oficiales. Y muy pocos han enfrentado cargos criminales en años recientes, ni siquiera los que estuvieron involucrados en las polémicas muertes de tres mexicanos.