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Frontera EEUU México

Por qué la reciente condena del agente fronterizo que golpeó a un migrante es una rareza para la justicia

Menos del 50% de las 7,740 quejas interpuestas contra oficiales migratorios en 2017 resultaron en acciones disciplinarias, según cifras oficiales. Y muy pocos han enfrentado cargos criminales en años recientes, ni siquiera los que estuvieron involucrados en las polémicas muertes de tres mexicanos.
29 Ago 2019 – 7:51 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- El agente de la Patrulla Fronteriza (USBP), Jason Andrew McGilvray, recorría el 16 de febrero de este año el área de Gordon Wells, en la zona limítrofe entre California y México, cuando observó a un migrante que ingresó ilegalmente a Estados Unidos brincando la cerca divisoria.

El oficial McGilvray lo detuvo de inmediato y por una razón que no se ha revelado “le pegó en la cara” a este indocumentado, que las autoridades solo identifican con las iniciales ‘BSS’. No se ha revelado cómo se desarrolló esta investigación, ni qué tipo de lesiones sufrió el agredido.

En un proceso judicial poco común, el agente fronterizo se declaró culpable de agredir físicamente al migrante, un delito por el cual enfrentaba una condena de hasta un año en una prisión federal y una multa de 100,000 dólares. La semana pasada, sin embargo, un juez solo lo sentenció a un año bajo libertad condicional y le ordenó pagar 25 dólares.

Como parte del acuerdo que firmó con la Fiscalía, McGilvray aceptó renunciar a la Patrulla Fronteriza, para la cual trabajó durante 13 años. Estuvo asignado a la zona de Calexico, en California.

Quien fue su jefe, Ryan J. Scudder, encargado del sector El Centro de la USBP, dijo a Univision Noticias a través de un comunicado que estaba satisfecho con ese castigo y subrayó que la agencia cooperó ampliamente con los investigadores.

“Las acciones de McGilvray no representan los altos estándares de la Patrulla Fronteriza y nosotros seguimos comprometidos en responsabilizar a cualquiera que viole la confianza del público”, expresó Scudder.

Lo cierto es que muy pocas veces los agentes fronterizos enfrentan cargos criminales por mala conducta.

La cifra más reciente que ha publicado la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) revela que menos del 50% de las 7,740 quejas interpuestas en 2017 resultaron en acciones disciplinarias.

Según la propia dependencia, en 3,806 casos dichos alegatos no tenían fundamento. Las sanciones más comunes fueron exigirles que tomaran consejería (1,279) y entregarles reprimendas por escrito (1,074). En ese período, 254 oficiales fueron arrestados por consumo de alcohol y drogas (119), corrupción (15), agresión (9) y mala conducta sexual (2). También hubo 70 despidos y 463 suspensiones disciplinarias.

Oficiales involucrados en más de 90 muertes desde 2010

Pero un reporte de la organización American Immigration Council advertía en 2017 que solo el 4% de los 1,255 casos acumulados durante casi cuatro años (entre enero de 2012 y octubre de 2015) concluyeron en castigos contra oficiales acusados de actuar indebidamente. Tales quejas estaban relacionadas con abuso verbal, robo y ataque físico. Casi el 60% de esas denuncias alegaban “abuso físico”.

La mayoría de esas denuncias se presentaron contra agentes en los sectores Rio Grande Valley (Texas), Tucson (Arizona) y Laredo (Texas). Colectivamente, esas tres estaciones representaron más del 80% de todas las quejas presentadas en dicho período.

“La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) tiene una larga historia de violaciones constitucionales y de otros derechos, tanto de inmigrantes como de ciudadanos estadounidenses”, reclama el reporte.

“No solo los presuntos abusos ocurren con regularidad, sino que rara vez resultan en una acción disciplinaria seria”, agrega el informe.

Un vocero de la CBP en California declinó comentar sobre el análisis del American Immigration Council, pero recalcó que la agencia trata a los que están bajo su custodia “con dignidad y respeto”. Además, mencionó que hay distintas formas de interponer quejas contra los malos agentes.

“Tomamos todas las acusaciones en serio e investigamos todas las quejas formales. Esperamos que los agentes de la CBP acaten nuestras políticas y procedimientos”, señaló el portavoz.

“Todos los empleados están familiarizados con los estándares de conducta y las sanciones relacionadas si se detecta una violación. Los empleados reciben al menos una capacitación sobre estos estándares cada año”, agrego.

Para el grupo The Southern Border Communities Coalition, la Patrulla Fronteriza tampoco se ha hecho responsable de los fallecimientos bajo su custodia. Según su página de internet, desde enero de 2010, al menos 90 personas han muerto como resultado de un encuentro con agentes fronterizos.

“La falta de responsabilidad y supervisión de la Patrulla Fronteriza, junto con su cultura de violencia, ha resultado en la pérdida de vidas, tanto de migrantes como de ciudadanos estadounidenses”, reclama la coalición. “Muchos más han sido golpeados, en algunos casos causando lesiones que afectan sus vidas”.


En agosto de 2018, un juez exoneró a los agentes fronterizos Christopher Hunter, Arian Linscott y Craig Jenkins, quienes fueron señalados por la muerte de la inmigrante mexicana Graciela López Franco.

Ella perdió la vida en 2015 cuando la lancha en la cual ingresó sin autorización a EEUU fue golpeada por un barco de la CBP en el mar de California. Aunque varios testigos relataron que fueron impactados con dolo, el magistrado culpó al conductor de la embarcación que transportaba a los indocumentados.

La Fiscalía tampoco decidió presentar cargos contra un oficial fronterizo que en 2010 le disparó fatalmente al mexicano Sergio Hernández, de 15 años, en la frontera entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (Texas). Las autoridades insisten en que el adolescente le lanzó piedras al oficial desde el lado mexicano y no obedeció sus órdenes, por eso lo baleó. El caso sigue en litigio.

Asimismo, el Departamento de Justicia (DOJ) decidió no sentar en el banquillo de los acusados a los agentes migratorios involucrados con la polémica muerte del mexicano Anastacio Hernández en 2010 en San Diego, California. “Ayúdame” y “No hice nada”, gritaba cuando varios oficiales lo golpeaban con bastones y le daban descargas con una pistola eléctrica.

La agonía de Anastacio quedó registrada en video. Eugene Iredale, abogado de los deudos, afirmó que la golpiza le quebró cinco costillas y la columna vertebral, causándole la muerte. Aunque ningún agente señalado “perdió un centavo de su sueldo”, según el reclamo de Iredale, el gobierno de EEUU decidió cerrar el caso entregando 1 millón de dólares a los cinco huérfanos y a la viuda de Anastacio.

La misma suma recibieron los familiares de Cruz Marcelino Velázquez Acevedo, de 16 años, quien falleciera intoxicado luego de ingerir la metanfetamina líquida que intentaba cruzar a EEUU frente a dos agentes del CBP en la garita de San Ysidro, California. Una demanda alegaba que una oficial le pidió que bebiera de la botella que llevaba para confirmar que era “jugo de manzana”.

El rastro de los inmigrantes en las riberas del río Grande (fotos)

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