La administración de Trump publicó un documento que afirma que el 64% de la totalidad de los arrestos federales ejecutados durante el año fiscal 2018 corresponden a extranjeros. Abogados y organizaciones criticaron las cifras porque no aclara que un alto número es de migrantes que se entregaron a las autoridades para solicitar asilo.

Una nueva medida de la administración Trump, que entrará en vigor el próximo 26 de agosto, hará que estos casos no se tengan en cuenta en un tribunal, sino que los tramite el director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Por su parte, activistas aseguran que esto viola los derechos garantizados en la Constitución y que se espera que organizaciones proimigrantes entablen una demanda contra la iniciativa.

Univision Noticias visitó cinco albergues en Tijuana. En todos, los encargados denuncian que funcionan por el apoyo de organizaciones que hacen donaciones o realizan jornadas médicas, educativas y legales. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador asegura que les retiró el apoyo económico porque encontró corrupción en el manejo de los fondos que les otorgaban.

Cientos de activistas protestan contra la compañía de transporte a la que acusan de “colaborar” con ICE y la Patrulla Fronteriza. La empresa dice que “debe cumplir con la solicitud de los agentes federales”.

A través de un programa de rehabilitación, la organización ha brindado tratamientos, terapias y prótesis al menos a 388 personas que han perdido sus extremidades tratando de completar su travesía de México hacia Estados Unidos.

Decenas de activistas se manifestaron alegando que los operativos se vienen realizando con mayor frecuencia en los vehículos que usan mayormente los inmigrantes indocumentados. La Unión Americana de Libertades Civiles dijo que en estas redadas muchas veces se viola la Cuarta Enmienda de la Constitución porque no habría una causa probable para el registro de pasajeros.