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El gobierno planea negar permisos de trabajo a inmigrantes que piden asilo cuando cruzan la frontera por zonas no autorizadas

Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que de implementarse esta medida pondría a cientos, quizás miles de inmigrantes en un inminente riesgo de deportación.
29 Ago 2019 – 5:23 PM EDT

El gobierno de Donald Trump elabora un plan para negar autorizaciones de empleo a migrantes que cruzan la frontera, una nueva ofensiva contra la política de asilo en el marco de la denominada 'tolerancia cero'.

La medida también sería aplicada a los migrantes condenados por un delito grave, reportó el sitio BuzzFedd. Un reporte similar fue publicado por el sitio Law360.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo a Univision Noticias que "planea proponer regulaciones consistentes con el Memorando Presidencial sobre asilo del 29 de abril de 2019 que tienen como objetivo promover una mayor responsabilidad en el proceso de solicitud de asilo y para disuadir la presentación fraudulenta de solicitudes con el fin de obtener una autorización de empleo”.

Ese día Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar parte del reglamento que norma el proceso de asilo, lo que generó criticas y temores entre abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

En resumen, el decreto busca garantizar que los “solicitantes de asilo legítimos” puedan acceder a este beneficio mientras las autoridades procesan y eliminan de manera más eficiente a los inmigrantes ilegales “que no son elegibles y que no califican”. Entre los beneficios bajo observación se encuentra el permiso de trabajo.

Las nuevas regulaciones se agregarían a la norma anunciada recientemente por el director inyterino de la USCIS, Ken Cuccinelli, que niega permisos de trabajo a extranjeros admitidos a Estados Unidos con parole. Según esta regulación, algunos extranjeros pueden ser admitidos con parole (perdón) a Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo, pero no por esto obtendrán de manera automáticamente un permiso de trabajo.

La nueva política, que no ha sido anticipada previamente, se incluiría en una próxima propuesta de reglamento que solo permitiría a aquellos que solicitaron asilo en un puerto de entrada ser elegibles para un permiso de trabajo.


Asunto “grave”

Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que de implementarse esta medida pondría a cientos, quizás miles de inmigrantes en un inminente riesgo de deportación.

Se trata de un asunto “grave porque el gobierno está creando una situación donde, primero está diciendo que si un extranjero es una amenaza de convertirse en carga pública, es suficiente para negarle cualquier tipo de beneficio migratorio, como por ejemplo el asilo”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Ahora está causando una situación para que los asilados no tengan autorización de empleo para precisamente declararlos una amenaza de carga publica y que pierdan sus casos”, agregó.

Gálvez dijo además que “la medida causará más problemas en las cortes de inmigración, porque la primera prueba de buena conducta exigida por los jueces es la conducta moral, que se demuestra con el trabajo y que el extranjero no es una carga pública y está contribuyendo a la sociedad. Pero si le dice al juez que no tiene trabajo porque no tiene permiso del gobierno, eso es una marcha en el expediente para que le nieguen inmediatamente el asilo”.

“Lo triste de todo esto es que el presidente tiene el poder de eliminar los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo”, indicó.


Para el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, “los planes de negar permisos de trabajo a migrantes que pidan asilo cuando cruzan la frontera es grave”, una decisión “equivocada”.

“Dejará a estas personas sin una forma de identificación. El gobierno no podrá saber de quiénes se trata y los aislará del proceso de asilo, o podrán mantenerse solos y el gobierno tendrá argumentos para decirles que son una amenaza de carga pública para negarles cualquier tipo de beneficio migratorio. Es una decisión grave, añadió.

Una decisión similar adoptó el gobierno de Trump en julio del año pasado, cuando el entonces fiscal general, Jeff Sessions, canceló un documento aprobado en 2011 que facilitaba a asilados y refugiados trabajar legalmente en Estados Unidos, incluso sin una autorización de empleo otorgada por el Servicio de Inmigración (USCIS).

Sessions rescindió 24 documentos guías del Departamento de Justicia emitidos por gobiernos anteriores, la mayoría bajo Barack Obama (2009-2017), que tenían como objetivo interpretar leyes para hacer menos difícil la vida para algunos extranjeros, entre ellos asilados y/o refugiados.

Sessions estimó en su decisión, anunciada por medio de un comunicado, que los documentos eliminados eran "innecesarios, desactualizados, inconsistentes con la legislación vigente o de otra forma impropios", como el hecho de considerar que asilados y refugiados tienen derecho a trabajar indefinidamente.


Plan de 2017

La iniciativa de quitar o reducir los permisos de trabajo a extranjeros no es nueva. En octubre de 2017 la Casa Blanca puso en la mirilla las autorizaciones de empleo a extranjeros, ya sea que ingresaron legalmente al país o permanecen indocumentados. El objetivo era reducir el número de autorizaciones de empleo, que en el año fiscal 2017 bordeaba los 2 millones.

La estrategia fue diseñada para dar cumplimiento a la orden ejecutiva del presidente Trump firmada el 18 de abril de ese año, y que se denomina “Compre productos estadounidenses y contrate estadounidenses: colocando a los trabajadores estadounidenses primero”.

En esa ocasión la USCIS publicó en su página digital una serie de “datos adicionales” sobre el programa de visas basadas en empleo con el objetivo, dijo, de apoyar la orden ejecutiva del 18 de abril.

El listado incluye los permisos de trabajo otorgados a beneficiarios de visas tipo L-1A y L-1B, H-1B, y H-2B. También a inmigrantes indocumentados beneficiarios de programas de residencia temporal, entre ellos amparados por un TPS (Estatus de Protección Temporal), asilo y la Acción Ejecutiva del 2012 (DACA) para los dreamers.

El gobierno sostiene que, debido a la existencia de una política migratoria relajada, en el 2017 concedieron demasiadas autorizaciones de empleo, permitiendo que miles de extranjeros permanezcan legalmente en Estados Unidos, y con un permiso que afecta el mercado laboral.

Tras la crisis en la frontera, desatada a finales del 2017 y comienzos del 2018, el gobierno de Trump agregó a la lista de revisiones los asilados que ingresan por zonas no autorizadas en la frontera y que vienen en busca de asilo.


Atasco histórico

El anuncio de la nueva medida llega en momentos en que las cortes de inmigración registran un atasco histórico que coloca a cerca de 1 millón de extranjeros, entre ellos los solicitantes de asilo, en una larga cola en espera de sus audiencias ante un juez de inmigración.

Un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York, revela que a finales de julio las cortes de inmigración tenían acumulados 975,298 casos.

A finales del año fiscal 2016 había 516,031 casos, mientras que a finales del 2017 los casos acumulados alcanzaron los 629,051.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) dijo a Univision Noticias que al 12 de agosto había 440 jueces en toda la nación.

El 1 de octubre del año pasado entró en vigor una orden emitida por el entonces Fiscal General, Sessions, para que cada juez complete en el término de 1 año un total de 700 casos.

La NAIJ dijo en aquella oportunidad que “esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’, y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”.

Si se toman los 975,298 casos acumulados y se dividen entre el número total de jueces (440), cada uno tendría en promedio asignados 2,216 expedientes. Si esa cantidad se divide por el número total de casos completados en un año (700), cada juez demorará un promedio de 3.1 años en resolverlos todos, siempre y cuando durante todo ese tiempo no reciba ningún caso nuevo.

“Negarles el permiso de trabajo a los solicitantes de asilo es condenarlos a la miseria y, al no trabajar, pueden incluso recibir una decisión negativa por la amenaza de convertirse en carga pública”, reiteró Hernández.

“Esto podría dañar sus expedientes y acelerar sus procesos. No tendrían cómo subsistir y tampoco cómo costear representación legal”, apuntó.

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