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Estafa y Fraude

Una mujer enfrenta 122 años de prisión tras ser acusada de estafar a migrantes que buscaban evitar su deportación

La Fiscalía alega que la empleada de varias firmas legales se quedó con más de 181,000 dólares que sus clientes le entregaron a través de cheques y giros postales. Pero en lugar de pagar sus trámites migratorios, ella depositó ese dinero en sus cuentas bancarias.
30 Ago 2019 – 10:13 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- Agentes federales arrestaron este jueves en su casa de Los Ángeles a una paralegal acusada de fraude migratorio en agravio de al menos seis hispanos, quienes la contrataron para naturalizarse, obtener permisos de trabajo, someter casos de asilo y evitar deportaciones.

Tanya García, 40 años y vecina de Whittier, enfrenta seis cargos de fraude electrónico y uno de robo de identidad agravado. Si es declarada culpable podría recibir una sentencia de hasta 122 años de cárcel.

Esta mujer trabajó para varias firmas de abogados de inmigración en los condados de Los Ángeles, Riverside y Orange, en el sur de California. La Fiscalía federal alega que ella defraudó por alrededor de 181,344 dólares tanto a sus clientes, como a los bufetes en los cuales laboró.

Entre octubre de 2014 y octubre de 2018, García recibió múltiples pagos de migrantes por distintos trámites con el Servicio de Ciudadanía y Naturalización de EEUU (USCIS) y por cuotas de representación legal. Pero en lugar de entregarlos al gobierno y a sus empleadores, ella se quedó con el dinero.


El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que ella pedía dejar en blanco el espacio de “pagar a” en los giros postales y cheques que le entregaban. Lo hacía para poner ahí su nombre y depositarlos en sus cuentas de banco. Incluso tachó “Departamento de Seguridad Nacional” en éstos para cometer el fraude.

“La acusada García habría usado los pagos de los clientes para depositarlos en sus cuentas bancarias, incluyendo una en el banco Chase, y para gastos personales, como pagos hipotecarios, de una tarjeta de crédito, ropa y comida”, menciona la acusación federal.

Cuando los defraudados supieron que los pagos no habían sido cobrados por el USCIS, le pidieron a la paralegal hablar con los abogados. Sin embargo, se los impidió para que no la descubrieran.

Documentos judiciales obtenidos por Univision Noticias mencionan varios depósitos monetarios que le entregaron seis víctimas entre 2015 y 2016 a través de negocios en las ciudades de La Palma, Pico Rivera, Whittier, Inglewood y Downey. Le entregaron entre 200 y 1,740 dólares. Los afectados solo han sido identificados con sus iniciales.

Este caso fue investigado por el Servicio Secreto de EEUU, la Policía de Inglewood y el Servicio de Inspección Postal.

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