Un juez determinó que es ilegal que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detenga a inmigrantes o a testigos de alguna demanda al interior de los tribunales o en las cercanías de estos. La decisión se da luego de que la fiscal general del estado y el fiscal del condado de Brooklyn presentaran una demanda por las actuaciones de las autoridades migratorias.

Un grupo de 70 inmigrantes enviaron una carta en la que describen como una "situación de vida o muerte" lo que se vive dentro del centro de detención La Palma en Eloy, Arizona.

Argumentan que los inmigrantes son quienes han asumido un papel muy importante en esta pandemia del coronavirus al arriesgar sus vidas mientras abastecen a miles de familias con alimentos y otros servicios necesarios. Además, durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Los Ángeles, exigieron brindar a estas personas las garantías necesarias para permanecer en el país con completa tranquilidad.

Lina Hidalgo, juez del condado Harris había señalado el 11 de junio como el día en el que las personas afectas por la crisis del coronavirus podrían solicitar los fondos de ayuda que fueron autorizados por la corte de comisionados en el mes de mayo, sin embargo, la fecha ha sido cambiada hasta nuevo aviso.

Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional buscan cambiar la interpretación de las causas de asilo, limitar y escrutar el poder de los jueces, acelerar los procesos y las deportaciones y limitar el acceso de los inmigrantes a los tribunales.

Desde que el presidente llegó a la Casa Blanca activó una vieja Sección de la Ley de Inmigración que le otorga poderes para cambiar partes de la ley de inmigración sin la aprobación del Congreso. Si gana en noviembre, expertos temen que los cambios temporales hechos hasta ahora se conviertan en permanentes.