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Corte ordena al gobierno de Trump que ponga fin a la detención de menores no acompañados en hoteles

La jueza Dolly Gee ordena a las autoridades de inmigración que respeten el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y suspendan el envío de inmigramtes Menores No Acompañados (UAC) a hoteles donde los dejan un tiempo sin posibilidad de pedir asilo para luego deportarlos a sus países de origen.
4 Sep 2020 – 08:41 PM EDT
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Una corte de distrito del norte de California dictó este viernes que el gobierno de Donald Trump debe dejar de detener a Menores Migrantes No Acompañados (UAC) en hoteles antes de proceder a deportarlos, una práctica activada tras el cierre de la frontera con México por la pandemia del coronavirus.

La jueza Dolly Gee indicó que dictaminaría que el uso de hoteles como espacios de detención “viola un acuerdo de dos décadas que rige el tratamiento de los niños inmigrantes bajo custodia”, de acuerdo con un reporte de The Associated Press.

El protocolo citado por Geee corresponde al Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe, entre otros, la detención por más de 20 días de inmigrantes menores de edad y exige que sean liberados bajo custodia de familiares o amistades, mientras sus casos migratorios son resueltos por jueces.

Otra ley aprobada por el Congreso en 2008 (TVPRA), sobre prevención de tráfico humano, prohíbe la deportación acelerada de inmigrantes menores de edad de países no vecinos y exige que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos.

Deportados por la pandemia

Las agencias federales que participan en el proceso de inmigración, entre ellas la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), han deportado a unos 148,000 inmigrantes en los primeros cinco meses desde el cierre de la frontera en marzo.

Las deportaciones se aceleraron tras la invocatoria del Título 42, que se aplica por asuntos de salud pública para proteger al pueblo de Estados Unidos, en este caso por la pandemia de coronavirus.

“He determinado que la pandemia actual de la enfermedad por coronavirus 2019 (covid-19) es de suficiente gravedad y magnitud para justificar una determinación de emergencia bajo la sección 501 (b) de la Ley de Asistencia de Emergencia y Alivio de Desastres Robert T. Stafford, Título 42 del Código de Estados Unidos”, se lee en la declaratoria del estado de emergencia decretado por Trump el 13 de marzo.

El gobierno argumenta que las personas que cruzan la frontera sin autorización amenazan la salud pública y deben ser expulsadas rápidamente del país.

Batalla legal

Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes alegan que el gobierno está utilizando la pandemia como pretexto para hacer de lado las leyes y avanzar en su política migratoria de tolerancia cero.

A principios de mayo, Univision Noticias reportó que la pandemia del coronavirus fue la excusa perfecta para que el principal asesor político de la Casa Blanca, Stephen Miller, pusiera en marcha un plan que venía elaborando desde que Trump llegó a la Casa Blanca: cerrar las fronteras.

No había sido posible poner ese proyecto en práctica debido a múltiples inconvenientes, uno de los principales era que no había como sustentarlo. Miller, considerado como uno de los arquitectos de la política migratoria del mandatario, pretendió en varias ocasiones en los últimos tres años utilizar una oscura parte de la ley de inmigración para proteger a la nación de enfermedades en el extranjero como una forma de estrechar las fronteras.

La lista de enfermedades que convierten en inadmisible a un extranjero en Estados Unidos incluye gonorrea, lepra, sífilis y tuberculosis. Pero ninguna de las cuatro ha sido considerada en la actualidad como un problema de salud pública al nivel del coronavirus, por lo que el plan de Miller permanecía engavetado.

Primeros intentos

En 2019, Miller utilizó su poder para que se invocaran los amplios poderes de salud pública del presidente luego de un brote de paperas se extendió por los centros de detención de inmigrantes en seis estados. Ese mismo año, lo intentó sin éxito cuando las estaciones de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) se vieron afectadas por la gripe, según un reporte del diario, The New York Times.

Un año antes, Miller buscó evidencia de enfermedades contagiosas entre los integrantes de las caravanas que huían de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México en busca de asilo en Estados Unidos.

Trump en varias ocasiones acusó a las caravanas de estar integradas por extranjeros ilegales que venían con la intención de invadir Estados Unidos, pero se trataba en su mayoría, de mujeres y niños que huían de sus países a causa de la violencia y la pobreza extremas, indocumentados que huían de sus países para salvar sus vidas.

Tras varios intentos, la pandemia del coronavirus le ha permitido a Miller desempolvar una serie de borradores y reutilizarlos en órdenes ejecutivas y discusiones de políticas que han tenido lugar repetidamente desde que Trump asumió el cargo y que han ganado nueva legitimidad, según dijeron tres exfuncionarios al periódico y que estuvieron involucrados en las deliberaciones sobre el tema.

La estrategia

Para evitar que se les permita quedarse en Estados Unidos, el gobierno ha llevado a unos 577 UAC a hoteles desde marzo, donde son detenidos y luego colocados en vuelos de deportados de ICE.

El pasado 10 de agosto Univision Noticias reportó que activistas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes le estaban exigiendo al gobierno que deje de mantener como ‘rehenes’ a UAC, quienes son detenidos en la frontera en el momento de pedir asilo, encerrados en hoteles y luego deportados.

“En lugar de acoger y cuidar a los niños solicitantes de asilo, como lo exige la ley, la Administración Trump los mantiene como rehenes en lugares no revelados y los expulsa sin el debido proceso. #FreeTheFamilies”, dice el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (Texas Civil Rights Project) en su cuenta de la red social Twitter.

En otro mensaje, la organización pide a los miembros del Congreso que investigue lo que define como “detención ilegal de niños y solicitantes de asilo” por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), una práctica que se ha venido incrementando desde marzo cuando el gobierno decretó una emergencia sanitaria a nivel nacional por la pandemia del coronavirus y cerró la frontera.

AP dijo que la jueza Gee le daría al gobierno hasta mediados de septiembre para dejar de usar los hoteles para la detención de UAC, excepto para estadías breves cuando los niños son transportados de un lugar a otro.

El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato, pero los abogados del gobierno indicaron que consideran apelar la orden

La jueza Gee

La jueza Gee ha librado una batalla legal en defensa del cumplimento del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la privación de libertad de menores de edad en centros de detención del gobierno federal.

Entre julio y agosto de 2015, Gee ordenó al DHS poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio de ese año por la Casa Blanca de Barack Obama, cuando iban más de 46,000 arrestos de niños no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza y un número similar de unidades familiares.

A finales de septiembre de ese año la cifra superó los 68,000. El gobierno liberó a más del 95% de las familias detenidas con una orden para presentarse ante una corte de inmigración y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país. El resto permaneció en centros de detención habilitados por ICE para disuadir a otros migrantes que hicieran el viaje en busca de asilo.

En julio de 2018 Gee ordenó al gobierno de Trump que permita el ingreso de médicos a los centros de detención de la Patrulla Fronteriza (CBP) para evaluar el estado de salud de los miles de menores que transitan por esas dependencias tras pedir asilo en la frontera entre México y Estados Unidos.

Bajo la lupa

En el fallo, la jueza ordenó un mediador independiente para que gestione rápidamente un plan que mejore la salud y el saneamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Texas.

Los centros de detención del CBP en el área de Texas han sido severamente cuestionados y denunciados por el trato que los agentes dan a los menores y las malas condiciones de salubridad que ponían en peligro su salud.

En cuanto al Acuerdo Judicial Flores de 1997 que defiende Gee, su nombre deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos.

La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.

La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros” mayores de edad.

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