Más de 150 organizaciones proinmigrantes le están pidiendo al gobierno de Biden que elimine la regla que el expresidente Trump firmó antes de terminar su mandato y que aumentó drásticamente las tarifas de trámites como el de la solicitud de suspensión de deportación, que pasó de costar $110 a $975. "Impone costos excesivos para no ciudadanos, muchos sin representación legal", dijo la coalición, que además insistió en que continuará con su presión para lograr detener este incremento. Más información aquí.

Rocío Rebollar fue deportada por última vez en el año 2020 y, después de casi un año y medio en Tijuana, en México, pudo reencontrarse con sus hijos y nietos en EEUU gracias a la aprobación de su solicitud de asilo, argumentado que su vida corre peligro en su país. Ahora la familia espera que el gobierno de Joe Biden le ayude a permanecer unida y que Rocío pude continuar su proceso migratorio. Ver más noticias aquí.

El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela en EEUU es un alivio que los protege de la deportación y les otorga un permiso de trabajo por 18 meses. Harold Caicedo, abogado de inmigración, explica que los interesados deben aplicar antes del 5 de septiembre, demostrar que han residido en el país sin interrupciones desde el 8 de marzo de 2021 y no haber cometido crímenes mayores. Más noticias aquí.

La iniciativa de ley anunciada el 20 de enero por la Casa Blanca de Biden se fraccionó en marzo y ahora parece improbable que sea aprobado en el Senado. Explicamos los obstáculos que enfrenta por parte de los republicanos, pero también por parte de varios senadores demócratas.

El reciente nombramiento de 17 jueces de inmigración que habían sido seleccionados por el gobierno de Trump, genera alarma entre defensores de los derechos de los inmigrantes quienes advierten que, si no cambian el liderazgo de la EOIR, la política de Biden no será efectiva.

La Legislatura de Texas culmina su sesión en dos semanas y la medida que busca otorgar permisos de conducir para indocumentados no se pudo discutir en audiencia. Sin embargo, activistas aseguran que seguirán presionando a los senadores y republicanos texanos.