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Por qué aumenta la presión para que el gobierno cambie el liderazgo en la Corte de Inmigración

El reciente nombramiento de 17 jueces de inmigración que habían sido seleccionados por el gobierno de Trump, genera alarma entre defensores de los derechos de los inmigrantes quienes advierten que, si no cambian el liderazgo de la EOIR, la política de Biden no será efectiva.
Publicado 21 May 2021 – 12:30 PM EDT | Actualizado 28 May 2021 – 02:22 PM EDT
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El reciente nombramiento de 17 jueces de inmigración que habían sido seleccionados por el gobierno de Donald Trump, no solo preocupó a organizaciones que defienden los derechos de los no ciudadanos, sino que los hizo aumentar la presión para que el gobierno de Joe Biden, además de revertir las políticas de ‘tolerancia cero’, haga cambios inmediatos y urgentes en el liderazgo de la Corte de Inmigración (Oficina de Revisión de Casos de Inmigración -EOIR-).

“Nos preocupa profundamente que, en lugar de tomar medidas inmediatas para diversificar el liderazgo de la EOIR, el Departamento de Justicia (DOJ) acaba de nombrar a 17 nuevos jueces de inmigración y todos, menos uno de estos jueces, tienen antecedentes orientados a la aplicación de la ley”, dice un grupo de 70 organizaciones de inmigración, derechos civiles, derechos humanos y protección de la democracia en una carta dirigida al fiscal general, Merrick Garland, y a la fiscal general adjunta, Lusa Monaco.

Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero, Biden prometió revertir las políticas migratorias del anterior gobierno y humanizar el sistema para recuperar, dijo, “el alma” de Estados Unidos como nación de inmigrantes.

Para ello, el grupo advierte que se debe “comenzar a restaurar la credibilidad de los tribunales de inmigración” y para alcanzar este propósito el DOJ y la EOIR “deben tomar medidas inmediatas para contratar a diversos jueces que hayan trabajado para organizaciones sin fines de lucro o en la práctica privada”.

“Profundamente preocupados”

“Nosotros estamos profundamente preocupados de que el personal con motivaciones políticas instalado bajo la administración de Trump permanezca en posiciones de liderazgo clave en EOIR”, se lee en la misiva.

El grupo denuncia que durante el gobierno anterior, el DOJ “nombró personal altamente problemático en puestos de poder en la Corte de Inmigración, desde jueces hasta miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

También señala que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) lleva a cabo una investigación tras numerosas “denuncias de contratación politizada y mala gestión de los tribunales de inmigración”, y demanda que el DOJ lleve a cabo una pesquisa dentro de la cual se revisen “todas las decisiones de personal de la EOIR tomadas por la administración anterior, instalar inmediatamente nuevos líderes en todos los puestos clave y diversificar el cuerpo de jueces de inmigración”.

“La administración anterior convirtió a los tribunales de inmigración en una cinta transportadora para la deportación y de manera sistemática contrató personal para llevar a cabo la agenda antiinmigrante del presidente Trump”, precisa la carta.

Denuncias de acuso sexual

La misiva también denuncia la existencia de “informes recientes” donde se han expuesto “el acoso sexual y el sexismo generalizados dentro de la EOIR”, en la que se han visto involucrados incluso directores que han sido “transferidos” a otras funciones.

“Se necesitan cambios de personal para rehabilitar el sistema de tribunales de inmigración radicalmente transformado que sigue causando daños y sufrimientos irreparables a los inmigrantes y sus familias”, escribieron las organizaciones.

El grupo, además, cita una carta enviada por el Senador Dick Durbin (demócrata por Illinois)en la que fustiga el nombramiento de jueces hechos por el anterior gobierno y los tilda de un “pernicioso intento por implementar y hacer cumplir una agenda ideológica politizando el sistema judicial de inmigración”.

Nombramientos cuestionados

La carta a Garland y Monaco también cita el caso de varios nombramientos, que siguen activos, de funcionarios ligados al gobierno anterior que previamente trabajaron en agencias que participan en el proceso de deportación de inmigrantes. Y el la contratación de David Wetmore, “quien fue contratado para ser el Juez Jefe de Apelaciones de Inmigración (BIA)”.

Antes de tomar posesión del cargo, Wetmore fue un cercano colaborador Stephen Miller, uno de los principales asesores políticos de Trump y gestor de la política migratoria de tolerancia cero.

El grupo dice que las recomendaciones enviadas a Garland y Monaco “son consistentes con un estudio encargado por la EOIR en 2017, que aconsejó al DOJ que amplíe los grupos de contratación y los programas de divulgación para aumentar la diversidad de experiencia entre jueces”.

Entre los firmantes del documento están la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), la Alianza Nacional Campesina, America’s Voice, organizaciones religiosas, agrupaciones de trabajadores agrícolas, entidades de derechos humanos y defensores de los derechos de las mujeres.

La postura de Miller

Miller se cuenta como uno de los pocos exfuncionarios que hasta ahora han defendido la política migratoria de Trump. La tercera semana de abril, el exasesor presidencial cuestionó los pasos dados por la Casa Blanca de Biden de revertir las medidas tomadas por el exmandatario y dijo que el gobierno estaba liberando “delincuentes” que ponían en riesgo la seguridad de los estadounidenses.

Un reportaje del diario The Washington Post citó a Miller, quien aseguró que la política de Biden estaba comprometiendo la seguridad de las personas y amenazaba con provocar “daños irreparables”.

Bajo el gobierno de Trump, el Ejecutivo, a golpe de memorandos y decretos (unos 400 en total), modificó la política migratoria sin el respaldo de Congreso para combatir la inmigración indocumentada y afectar la inmigración legal a Estados Unidos.

La mayoría de las políticas de tolerancia cero fueron anuladas o suspendidas por los tribunales de justicia, entre ellas la separación forzada de familias inmigrantes en la frontera con México cuando venían en busca de asilo.

Tras el retiro de varias de estas políticas, cobraron vigencia leyes y acuerdos judiciales que protegen el debido proceso migratorio y restablecieron el sistema de asilo, protecciones que Miller condena porque no son compatibles con la política migratoria defendida por Trump.

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