El gobierno de Donald Trump anunció en febrero su intención de impulsar una ley que restrinja el acceso a licencias de conducir comerciales para inmigrantes indocumentados, dentro de su dura campaña antimigratoria. Actualmente, al menos 20 estados del país emiten licencias y autorizaciones para conducir a inmigrantes sin importar su estatus migratorio legal.

El gobierno de California plantea compartir información de titulares de licencias de conducir, lo que generó preocupación entre activistas. Advirtieron que la medida habría aumentado el riesgo de deportación para más de un millón de inmigrantes sin estatus legal.

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El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 99, la cual exige que las licencias de conducir e identificaciones estatales en Florida indiquen el estatus migratorio del titular. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, aplicará para documentos nuevos, renovaciones o reemplazos. Esta norma forma parte de un paquete de seguridad enfocado en reforzar los controles de identidad y prevenir el fraude electoral, aunque las identificaciones actuales mantendrán su validez hasta su vencimiento.

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La nueva ley HB 991, promulgada por el gobernador Ron DeSantis para que las licencias de conducir indiquen el estatus migratorio de los titulares, ha generado múltiples reacciones, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes. Ante esta iniciativa, diversos ciudadanos consideran que se trata de una medida para controlar a la comunidad latina. Asimismo, un abogado de inmigración analiza los riesgos que implicaría la implementación de esta normativa en Florida.
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Una nueva legislación en Florida establece que las licencias de conducir emitidas, renovadas o reemplazadas a partir de 2027 deberán indicar si el titular es ciudadano estadounidense o si posee otro estatus migratorio. La medida ha generado una división: hay quienes apoyan esto, mientras que grupos muestran gran preocupación por la comunidad inmigrante.

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