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Ordenan a ICE que deje de encerrar a indocumentados en dos cárceles bajo investigación

Uno de los centros de detención de ICE se ubica en una zona rural de Georgia, cárcel que el año pasado fue demandada por prácticas ilegales de histerectomías no consentidas a inmigrantes indocumentadas en proceso de deportación.
20 May 2021 – 10:36 AM EDT
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El gobierno ordenó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deje se enviar inmigrantes indocumentados a dos cárceles de condados que están bajo investigación federal por denuncias de abusos a detenidos que están en proceso de deportación.

Los centros están ubicados en Georgia y Massachusetts, reportó el diario The Washington Post este jueves. La decisión fue catalogada por la Casa Blanca como un "primer paso importante" en una revisión más amplia de la extensa red de cárceles de inmigración del país, que operan bajo el control de ICE.

El diario dijo que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, ordenó a la agencia federal bajo su mando que rescinda de inmediato su contrato con la Oficina del Alguacil del condado de Bristol, en Massachusetts, y traslade a los pocos detenidos restantes a otro lugar.

Documentos proporcionados al periódico revelan que Mayorkas también ordenó a ICE que rescindiera un acuerdo con la oficina del alguacil, que capacitó a los oficiales para evaluar a los presos arrestados por delitos para ver si también son elegibles para la deportación.

El secretario del DHS, además, ordenó a ICE que "lo antes posible" rompiese sus contratos con el Centro de Detención del Condado de Irwin, en la zona rural de Georgia, un esfuerzo más complicado porque la instalación es propiedad del condado, pero está dirigida por un contratista privado.

El año pasado el centro de detención de Irwin fue denunciado por prácticas de histerectomías no autorizadas en varias inmigrantes indocumentadas detenidas en esa cárcel, un caso que acaparó la atención nacional e internacional.


Detalles de la orden

La decisión de cancelar los dos centros de detención de inmigrantes se tomó porque las listas de detenciones se han reducido y "ya no son operativamente necesarias", dijo un funcionario del DHS a The Washington Post que habló bajo condición de anonimato.

El centro de detención de Bristol, en Massachusetts, con una capacidad diaria de 200 camas, tiene en la actualidad siete detenidos. El centro de detención de Irwin, unicada en una zona rural de Atlanta, tiene una capacidad de más de 1,000 camas diarias y en la actualidad solo hay 114 inmigrantes detenidos.

Ambos centros, señala el reporte, se encuentran bajo investigación federal por denuncias de abusos contra inmigrantes. Las alegaciones permanecen abiertas y sin resolver, y fueron las causas principales tomadas en cuenta por Mayorkas para ordenar a ICE que deje de enviar inmigrantes a estas cárceles.

En un comunicado enviado por el secretario del DHS a ICE, el secretario dijo que su "principio fundamental" es que "no toleraremos el maltrato de personas en detención migratoria civil o condiciones de detención deficientes".

"Tenemos la obligación de realizar mejoras duraderas en nuestro sistema de detención de inmigrantes civiles", precisó Mayorkas. “Esto marca un primer paso importante para lograr ese objetivo. Las instalaciones de detención del DHS y el tratamiento de las personas en esas instalaciones se regirán por nuestros estándares de salud y seguridad. Cuando descubramos que se quedan cortos, continuaremos tomando medidas como lo estamos haciendo hoy", explicó.

La denuncia contra Irwin

En septiembre del año pasado un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes denunció ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IGDHS) una lista de abusos que incluyen presuntos procedimientos de extirpación de úteros o de trompas de Falopio en inmigrantes detenidas en el centro de detención e Irwin.

La queja está contenida en una denuncia de 28 páginas que sigue sin resolverse.

El informe, presentado por la organización Project South junto a otros cuatro grupos de ayuda a inmigrantes, incluyó serias acusaciones de negligencia médica, negativa del personal del centro de detención a realizar pruebas de covid-19 a detenidos expuestos a la enfermedad, destrucción de solicitudes para atención médica y hasta fabricación de registros médicos.

Las irregularidades halladas en el centro fueron corroboradas por la enfermera Dawn Wooten, quien además se convirtió en una denunciante protegida que está siendo representada por el Proyecto de Responsabilidad del Gobierno y el Project South.
La queja también incluyó relatos de inmigrantes quienes denuncian malos tratos, amenazas y la utilización de protocolos extremos que aumentan los riesgos de contagios por coronavirus.

El centro de detención de ICE en Irwin es administrado por la empresa privada LaSalle Correcciones. La empresa ha refutado “enérgicamente las acusaciones y de cualquier insinuación de que se procedió indebidamente” en dicho lugar.

El plan de Biden

Las fuentes que hablaron con The Washington Post dijeron que la orden de Mayorkas forma parte de un plan “más amplio” del gobierno de Biden para reformar la red de la nación de más de 200 cárceles y centros de detención de condados que albergan a detenidos de inmigración civil en procedimientos de deportación.

Indicaron que se podrían producir más cambios a medida que Mayorkas lleve a cabo una revisión exhaustiva de los centros de detención en las próximas semanas.

Biden, desde que llegó a la Casa Blanca en enero, se ha comprometido a poner fin a la detención de inmigrantes con fines de lucro y revertir el impulso del ex presidente Donald Trump para detener a tantos inmigrantes como sea posible en el marco de su política de ‘tolerancia cero’.

La semana pasada el presidente le advirtió al Congreso que "ya es hora" de que los legisladores aprueben un proyecto de ley que permitiría a millones de inmigrantes indocumentados solicitar la ciudadanía estadounidense”.

Biden propuso el 20 de enero una reforma migratoria con una ruta hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en el país. El 18 de marzo, sin embargo y ante el poco respaldo bipartidista para su plan, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos proyectos de ley que incluyen la ciudadanía para dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas.

Los republicanos han respondido que no aprobarán ningún tipo de beneficio migratorio hasta que el gobierno ponga fin a la crisis que se vive en la frontera con México.

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