El máximo tribunal de justicia del país escuchó este lunes los argumentos de una larga disputa jurídica en torno a si ciertos titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) califican para recibir la residencia legal permanente. La decisión sobre este caso se conocerá en el verano y es esperada por unos 400,000 inmigrantes indocumentados protegidos por el TPS. Más información aquí.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abrió una ventana de 30 días para que el público comente sobre el trabajo que realiza el servicio de inmigración con el objetivo de mejorarlo, reducir las esperas, facilitar los trámites y permitir que todos inmigrantes tengan acceso a los beneficios legales disponibles aprobados por el Congreso, entre ellos el asilo y la ciudadanía.

En una audiencia telefónica, los jueces conservadores, que son mayoría en el máximo tribunal, se mostraron proclives a impedir que miles de personas que viven en Estados Unidos por razones humanitarias soliciten convertirse en residentes permanentes.

Una coalición integrada activistas, religiosos y polìticos lanza campaña para pedirle a dos senadores republicanos que apoyen dos planes aprobados por la Cámara Baja en marzo. Pero una congresista invitada les advirtió que no aprobarán nada mientras iden no ponga fin a la crisis en la frontera.

Los inmigrantes venezolanos que pidieron asilo y llevan tiempo -algunos hasta siete años- esperando por una cita ante un juez de inmigración, mientras pueden pedir TPS o DED y asegurar su permanencia en EEUU.

Un grupo de 14 estados gobernados por republicanos y encabezado por Texas presentaron un recurso de 308 páginas al máximo tribunal de justicia para que revise la regla de carga pública reactivada por Biden y verifique la legalidad de la norma aprobada por Trump el año pasado y que restringía los beneficios migratorios, entre ellos la Green Card.