La nueva política, que entra en vigor el 24 de febrero, afectará la totalidad de beneficios migratorios, advierten abogados. Incluso, el gobierno federal podrá acceder a los reportes de crédito de cualquier persona que solicite una visa o un cambio de estatus.

Las nuevas tarifas del servicio de inmigración fueron anunciadas a mediados de noviembre del año pasado. La propuesta incluye un alza de 83 por ciento al trámite de ciudadanía, de los $640 actuales a $1,170.

El servicio de inmigración asegura que el nuevo procedimiento agilizará los trámites de petición de visas de inmigrante desde el exterior, que a partir del 1 de febrero fueron centralizadas en el centro de procesamiento de Dallas, Texas. El Departamento de Estado se hará cargo de las peticiones hechas por militares activos destacados en el exterior.

Además de restringir la entrada al país de ciudadanos incluidos en la lista, el veto migratorio deja a los ciudadanos de las naciones afectadas fuera del sorteo de la Lotería de Visas. Nigeria, Kirguistán, Tanzania, Eritrea, Sudán y Birmania son los países que se unen a la lista.

Según la norma anunciada por el servicio de inmigración, la medida no afectará los trámites fechados antes del 15 de octubre del año pasado. Pero se deberán utilizar nuevos formularios.

Abogados y activistas advierten que el impacto que tendrá la nueva regla de carga pública se conocerá recién cuando el gobierno publique la versión final, diga cuándo entrará en vigor y si será retroactiva y a quiénes.