La abogada Jessica Domínguez explicó que se verán afectadas las personas que no le puedan comprobar a un agente migratorio que no son autosuficientes para mantenerse en EEUU económicamente.

Controversial ha resultado la anunciada formación de una sección especial dentro del Departamento de Justicia, la cual está dedicada exclusivamente a revocar la ciudadanía estadounidense. Hasta ahora había sido parte del trabajo de la Oficina de Litigios de Inmigración investigar y llevar hasta las cortes de federales los casos para una desnaturalización.

El gobierno asegura que la oficina perseguirá solo a aquellos que han cometido fraude al sistema de naturalización, pero activistas proinmigrantes y defensores de los derechos civiles advierten que se trata de una herramienta antiinmigrante.

"Creemos que esta administración diseñó intencionalmente la regla para excluir a las personas de bajos ingresos", asegura la abogada Militza Pagán sobre la medida que entró en vigor el pasado lunes 24 de febrero y que permite negar la aprobación de visas, la residencia permanente o la ciudadanía a aquellos inmigrantes que puedan ser considerados como carga pública para el gobierno por el uso de diversos beneficios públicos como las estampillas de comida.

La cláusula se incluía en la Sección 8 del Código de Estados Unidos (US Code), que establece multas y penas de cárcel severas a quienes resulten culpables de diseñar un plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.

El nuevo protocolo entró en vigencia este lunes 24 de febrero y limita las opciones para conseguir visa para entrar a EEUU y también afectará a quienes pidan la residencia permanente. Las personas que hayan usado fondos públicos durante 12 meses en los últimos 36 meses serán las más perjudicadas. "Lamentablemente (la medida) está teniendo el efecto que la administración Trump quería, que es espantar a nuestra comunidad", aseguró el abogado de inmigración Ángel Rodríguez.