La crisis por el cierre parcial del Gobierno Federal amenaza con prolongarse debido al receso del Congreso, que no retomará actividades legislativas hasta el próximo 23 de febrero. Con el país paralizado, cobra fuerza la estrategia demócrata de extender el cierre más allá del 24 de febrero, fecha clave en la que el presidente Donald Trump tiene programado pronunciar su discurso sobre el "Estado de la Unión". La falta de acuerdos mantiene en vilo la operatividad de las agencias federales.

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El cierre parcial de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dejado a la mayoría de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabajando sin recibir pago, mientras otros han sido suspendidos de sus labores. El administrador interino de la agencia advierte que esta situación crítica amenaza con desestabilizar la seguridad y afectar gravemente el flujo de los viajes aéreos. La incertidumbre presupuestaria pone en riesgo la operatividad de los aeropuertos en todo el país.

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Tras expirar el tratado New START, el presidente Trump sostiene que cualquier futuro acuerdo de control de armas debe incluir a China. Sin embargo, Pekín se niega a negociar argumentando que su arsenal es menor al de Washington y Moscú. Mientras Putin ofrece mantener límites temporales, la falta de consenso sobre quién debe estar en la mesa de negociación deja al mundo sin un marco legal que regule las armas de destrucción masiva.

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La financiación del Departamento de Seguridad Nacional expira hoy 13 de febrero, y la falta de consenso entre demócratas y republicanos amenaza con un cierre parcial a medianoche. Mientras los demócratas exigen reformas en la conducta de agentes de ICE, el gobierno advierte que bloquear el presupuesto pone en peligro agencias clave como FEMA, la Guardia Nacional y la seguridad en aeropuertos. Un impasse que dejaría a miles de trabajadores federales sin sustento.

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Con la intención del gobierno federal de ampliar sus esfuerzos para retirar la ciudadanía a personas naturalizadas, la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, explica que algunas personas podrían ser acusadas de fraude. Esto ocurre, por ejemplo, si se determina que obtuvieron la residencia mediante matrimonios por interés y se divorciaron poco tiempo después, entre otros casos.
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La administración de Donald Trump quiere aumentar esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas; se trata de un proceso legal que en pocas ocasiones en la historia se ha implementado. El gobierno federal tendría la meta de identificar aproximadamente un centenar de casos mensuales.

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