Las leyes de Estados Unidos establecen que los menores no acompañados deben ser transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos en un máximo de 72 horas. Eso no pasó con Carlos Gregorio Hernández Vásquez, el quinto joven que muere tras estar en custodia de una autoridad migratoria. 24 horas antes de su muerte avisó que se sentía mal, pero solo fue tratado por una enfermera.

Habitantes y organizaciones unifican esfuerzos para auxiliar a familias enteras que han sido dejadas a su suerte por las autoridades migratorias en la estación Greyhound. De acuerdo con la Coalición Justicia para los Inmigrantes, las personas están siendo abandonadas sin recursos, por lo que la organización busca proveerles alimentos, ropa y alojamiento.

El joven ha sido identificado como Carlos Gregorio Hernández Vásquez y aunque el domingo dijo que se sentía mal no fue hospitalizado. En las cuatro muertes anteriores, todos los menores eran guatemaltecos. Fallecieron por infecciones, deshidratación y por problemas respiratorios que las autoridades han atribuido a las difíciles condiciones de la travesía para llegar a Estados Unidos.

Este lunes, la familia Maradiaga se presentó en una corte de Houston e introdujo su caso de asilo. Su abogada explica que ese día la jueza tomará una decisión final: podría aprobarles el beneficio u ordenar la deportación de la madre y sus dos hijas.

El presidente podría ordenar este objetivo a efectivos militares invocando la ‘Ley de insurrección’, utilizada en casos de obstrucción ilegal o rebelión en el país. Un portavoz de la Casa Blanca confirmó que el mandatario está evaluando la idea.

El plan migratorio fue elaborado por dos de los principales asesores del mandatario, su yerno Jared Kushner y el polémico Stephen Miller, un declarado antiinmigrante involucrado directamente en la política migratoria de ‘tolerancia cero’.