Defensa ha identificado terrenos en Tucson y Yuma, Arizona, y en Tornillo, Donna, Laredo y Del Rio, en Texas, donde levantarán las tiendas de campaña para inmigrantes indocumentados adultos que esperan respuestas a sus solicitudes de asilo. Los campamentos estarán a cargo de personal del Departamento de Seguridad Nacional.

Aunque las autoridades creen que esta banda de contrabandistas ha operado desde hace casi una década, hasta ahora han logrado golpear sus operaciones. Se cree que son los responsables de cruzar a cientos de indocumentados por una zona al este de Tecate, en la frontera México-California.

La solicitud fue hecha dos días después que el gobierno de Donald Trump anunciara la muerte del menor Carlos Gregorio Hernández Vásquez, un migrante de origen guatemalteco de 16 años de edad que falleció en un centro de detención del CBP ubicado en El Paso, Texas.

Tras pedir asilo en Estados Unidos perdieron los beneficios ortorgados por México. Y al no tener asistencia ni social ni jurídica, no existe ninguna seguridad de que estas personas ganen sus casos, advierten activistas en Tijuana.

La llegada de miles de familias ha rebasado, entre otras cosas, la capacidad de alojamiento del gobierno federal, que ha comenzado a trasladarlas a otros puntos del país para el proceso migratorio. El plan no solo resulta costoso sino que además pone presión adicional sobre las autoridades locales que aseguran no tener los recursos suficientes para atenderlos a todos.

La familia del joven fallecido no encuentra consuelo ante la pérdida del adolescente de 16 años, quien salió de su casa en Guatemala en busca de más oportunidades y para ayudar a su familia. Sus padres exigen saber qué ocurrió aquel fatídico día.