Los miembros del Subcomité Permanente de Investigación del Senado quedaron desconcertados con respuestas de los representantes de las agencias federales de la administración de Donald Trump responsables del manejo y bienestar de menores no acompañados después de que cruzan la frontera.

En la frontera de la ciudad de Yuma se han alcanzado detenciones nunca antes vistas en pocos meses. Es oficialmente el segundo cruce de entrada para familias centroamericanas, después del Valle del Río Grande en Texas. La Patrulla Fronteriza manifiesta que se ha visto un aumento del 100% respecto al paso de inmigrantes comparado con 2017.

Abogados advierten que, en algunos casos personas que tienen una orden de deportación y piden una copia de su expediente al servicio de inmigración (USCIS) a través de un formulario FOIA, si la agencia se da cuenta que tiene una orden vigente para ser expulsado del país le avisará a ICE.

La demanda de Texas no le exige al gobierno que expulse a algún beneficiario del programa y urge a las autoridades federales de inmigración que deje de emitir o renovar los permisos en el futuro, argumento que quedaría invalidado luego de que quienes intentan preservar el programa indicaran que no se oponen a que se abra para nuevos soñadores.

Los padres, ciudadanos estadounidenses, recibieron la noticia de que la menor obtendrá la residencia permanente. Había entrado al país con visa de turista, que estaba a punto de expirar.

La Unión Americana de Libertades Civiles acusó a USCIS y a ICE de crear una estrategia para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados en proceso de entrevista para regularizar su estatus tras contraer matrimonio con ciudadanos estadounidenses.