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La verdad oculta de la 'tolerancia cero': casi ninguna empresa es sancionada por contratar indocumentados

Las redadas masivas en varias plantas de alimentos de Mississippi de este miércoles dejaron un saldo de 680 trabajadores detenidos. La Fiscalía no quiso revelar si presentó cargos contra los empresarios por contratar indocumentados, pero los datos muestran que, en estos casos, son pocos los que acaban siendo procesados.

Al anunciar la masiva redada realizada en diferentes plantas de alimentos de Mississippi en la que 680 trabajadores fueron detenidos, el fiscal del distrito sur de ese estado, Mike Hurst, no quiso aclarar si alguno de los empresarios de las fábricas donde se desarrolló el operativo serían procesados.

Hurst dijo que no podía entrar en esos detalles porque se trataba de una "operación criminal en curso". Pero por lo general, es raro que estos empresarios acaben respondiendo a la justicia. Así lo muestra un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, que revela que durante abril de 2018 a marzo de 2019, solo 11 personas (y ninguna empresa) fueron procesadas en solo 7 casos.

Cuando en julio de 2018 la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) comunicó los resultados de una auditoría a miles de empresas en busca de trabajadores indocumentados, muchos pensaron que el operativo sancionaría a un número importante de empleadores.

La agencia federal indicó que la operación se llevó a cabo en dos fases, y que en ellas se entregaron avisos de auditorías I-9 a más de 5,200 empresas en distintos puntos del país.

Los avisos de inspección (NOI, por sus siglas en inglés) indican a los propietarios de empresas que ICE llevará a cabo una auditoría de sus registros de contratación para determinar si están cumpliendo con la ley vigente o no.

Según el reporte, en la primera etapa el HSI entregó 2,738 avisos NOI y llevó a cabo 32 arrestos. Durante la segunda etapa, se despacharon 2,540 NOI y efectuaron 61 arrestos.

“Los trabajadores no autorizados frecuentemente utilizan identidades robadas de trabajadores estadounidenses legales, lo cual puede impactar significativamente el crédito, los expedientes médicos y otros aspectos de la vida diaria de la víctima del robo de identidad”, dijo en ese entonces Derek Benner, director ejecutivo adjunto del HSI.

La estrategia de controles migratorios en lugares de trabajo de se focaliza en el enjuiciamiento penal de empleadores que violan la ley a sabiendas, además del uso de auditorías I-9 y multas civiles para fomentar el cumplimiento de la ley, advierte ICE. Y añade que los investigadores de controles migratorios en lugares de trabajo “ayudan a combatir la explotación de trabajadores, los sueldos ilegales, el trabajo infantil y otras prácticas ilícitas”.

Pero un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, en Nueva York, reveló que “el enjuiciamiento real de empleadores por emplear inmigrantes sin la documentación adecuada ha sido relativamente raro”.

Por ejemplo, agrega, “los últimos datos disponibles muestran que durante los últimos doce meses (abril de 2018 a marzo de 2019) solo 11 personas (y ninguna empresa) fueron procesadas en solo 7 casos”. Y añade que “no hubo procesamientos en ninguno de los últimos dos meses.


Uno cada 13,758

El TRAC también halló que en el mismo período (abril de 2018 a marzo de 2019) los 11 enjuiciamientos de empleadores se comparan con 85,727 indocumentados procesados por ingreso ilegal al país, 34,617 procesados por reingreso ilegal y 4,733 procesados por traer ilegalmente o albergar inmigrantes.

El Centro advierte además que, “dados los millones de inmigrantes indocumentados que ahora viven y trabajan en el país, las probabilidades de ser procesados penalmente por emplear trabajadores indocumentados parecen ser extremadamente remotas”.

Cabe destacar que, desde que el Congreso promulgó sanciones penales para los empleadores por primera vez en 1986 “pocos han sido procesados bajo estas disposiciones”.

“Los procesos judiciales rara vez han superado los 15 por año y nunca han superado las 20 personas al año, excepto durante breves períodos durante el año 2005 bajo el mandato del presidente George W. Bush (2001-2009) y en el primer año del gobierno de Barack Obama (2009-2017).

Qué dice la ley

El Código de Estados Unidos Sección 1324a establece que la contratación a sabiendas de extranjeros no autorizados “es ilegal”, así como “continúe empleando al extranjero sabiendo que es (o se ha convertido) en un extranjero no autorizado”.

También indica que la contratación, subcontratación o intercambio celebrado, renegociado o extendido después del 6 de noviembre de 1986, para obtener el trabajo de un extranjero en Estados Unidos sabiendo que el extranjero no está autorizado con respecto a la realización de dicho trabajo, se considerará que ha contratado al extranjero para el empleo en violación” de lo estipulado en la ley.

El TRAC dijo que los resultados del estudio se obtuvieron en base al análisis de documentos obtenidos del Departamento de Justicia “como resultado de los litigios presentados en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA)”.

El reporte concluye que “no solo se procesa a pocos empleadores, sino a menos condenados que reciben sentencias que equivalen a más que un castigo simbólico”. Y que las penas de prisión “son raras”.

“Por ejemplo, de las 11 personas que el Departamento de Justicia informó como condenadas durante el período de 12 meses más reciente para el que se dispone de datos (abril de 2018 a marzo de 2019), solo 3 fueron condenadas a cumplir una pena de cárcel.

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