Organizaciones en el norte de Texas buscan que los miembros del Congreso cierren los centros de detención en el país y que apoyen la reunificación de las familias que llegan a Estados Unidos huyendo de sus países de origen.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) advierte que la política migratoria del gobierno, avalada por México, puso a más de 4,700 niños que huyeron de sus países en situación de serio peligro.

Univisión Noticias publica otras 10 cartas escritas de puño y letra por migrantes de entre 13 y 17 años que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo y se entregaron a la Patrulla Fronteriza. La agencia dijo que "no creía" en las acusaciones, pero que las investigará para esclarecer las denuncias.

Chicago es una de las 10 ciudades donde podrían llevarse a cabo estos operativos, y por ello Francisca Lino permanece refugiada en una iglesia metodista de la urbe, con la esperanza de no ser separada de sus familiares. En tanto, activistas ofrecen talleres para que la gente conozca sus derechos.

El caso de José Escobar fue uno de los primeros en verse afectado por las medidas tomadas al inicio del gobierno Trump que declaró a todo indocumentado en el país como elegible para deportación. El inmigrante recibió el apoyo de diferentes activistas, abogados y políticos, entre ellos el del congresista demócrata Al Green, quien viajó en tres oportunidades a El Salvador para ayudar a agilizar el proceso en la Embajada de EEUU.

José Escobar estaba amparado bajo el TPS, pero fue deportado a su natal El Salvador en febrero de 2017 durante una visita a las oficinas de Inmigración en Houston, a las cuales acudió para dar a los oficiales una actualización sobre su estado laboral. Gracias a los esfuerzos de su esposa, su apoderado y el apoyo del congresista Al Green y diferentes activistas, el hispano logró regresar EEUU y obtener la residencia permanente.