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Jueza federal ordena a la Patrulla Fronteriza que deje entrar médicos a los centros de detención de menores

Los centros de detención del CBP en el área de Texas han sido severamente cuestionados y denunciados por el trato que los agentes dan a los menores y las malas condiciones de salubridad que ponían en peligro su salud.
1 Jul 2019 – 10:52 AM EDT

Una jueza federal del centro de California ordenó al gobierno de Donald Trump que permita el ingreso de médicos a los centros de detención de la Patrulla Fronteriza (CBP) parta evaluar el estado de salud de los miles de menores que transitan por esas dependencias tras pedir asilo en la frontera entre México y Estados Unidos.

En el fallo, la jueza Dolly M. Gee, una firme defensora del cumplimiento del Acuerdo Judicial Flores de 1997 ordenó un mediador independiente, nombrado el año pasado, gestione rápidamente un plan para mejorar la salud y el saneamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Texas.

Los centros de detención del CBP en el área de Texas han sido severamente cuestionados y denunciados por el trato que los agentes dan a los menores y las malas condiciones de salubridad que ponían en peligro su salud.

Partes de las denuncias han sido reportadas por Univision Noticias en dos publicaciones hasta ahora, una el 1 de junioy la otra el 26 de junio, con una veintena de cartas inéditas escritas de puño y letra por menores que estuvieron en dichos centros y ahora denuncian malos tratos, condiciones de hacinamiento, detenciones más allá del plazo de 72 horas permitido por la ley y que no los dejaban bañarse ni cepillarse los dientes.


El fallo

La jueza Gee dijo, en el dictamen entregado el viernes por la noche, que el monitor debe asegurarse de que las condiciones en los centros de detención se aborden con prontitud.

Para ello, estableció la fecha del 12 de julio como límite para que el gobierno informe sobre lo que ha logrado "apresurarse" para remediar los problemas denunciados en los centros de la Patrulla Fronteriza en la frontera con México, principalmente en el área de Texas.

"Esperamos poder actuar de manera expedita para resolver las condiciones de los niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza", dijo Holly Cooper, integrante de un equipo de abogados que pidió a la corte federal que interviniera, reportó el diario The New York Times.

La demanda

La semana pasada la organización ‘Families Belong Together’ pidió a la jueza que ordene inspecciones inmediatas en los centros de detención de menores del CBP.

El pedido se basó en los testimonios de abogados que entrevistaron a decenas de menores en instalaciones de la CBP, testimonios que coindicen con las cartas de puño y letra de menores publicadas por Univision Noticias.

Los abogados, dijo la organización demandante, urgieron "una supervisión independiente de las instalaciones que mantiene la CBP e inspecciones inmediatas por parte de expertos en salud pública".

"Esto es malvado. Los menores continúan muriendo bajo custodia de Estados Unidos. Y el gobierno de Trump tiene sangre en sus manos", dijo Jess Morales Rocketto, presidenta de ‘Families Belong Together’ en un comunicado.

Entre las denuncias se cuenta que los menores duermen, no reciben atención médica adecuada, no revelan que están enfermos por temor a ser aislados y pasan frío en las noches.

Los denunciantes alegan además que los menores son forzados a llevar ropa sucia y no tienen acceso habitual a comida y agua.


La postura del CBP

El miércoles de la semana pasada el CBP dijo en una conferencia telefónica desde Washington DC que “no creía” en las acusaciones hasta ese momento publicadas por algunos medios, entre ellos testimonios de puño y letra obtenidos por Univision Noticias.

La agencia federal dijo además que “está haciendo todo lo posible” por tener bajo su custodia a los menores el menor tiempo posible, pero no aclara por qué, en muchos casos, los pasan más de 72 horas en sus instalaciones. “No queremos que estén bajo nuestra custodia, nuestras instalaciones no fueron diseñadas para eso”, precisa.

En cuanto a la alimentación y abastecimiento de insumos de aseo personal, la agencia aseguró que los niños reciben tres comidas diarias, a lo sumo, ropa, desodorante, sandalias, jabón de año “y los proporcionamos según sea solicitado”.

La CBP también dijo que los problemas se deben a un aumento dramático de migrantes que están llegando a la frontera y que la solución a gran parte de los inconvenientes se solucionará con fondos de emergencia solicitados por el Ejecutivo al Congreso y que fueron aprobados la semana pasada.

La batalla de Gee

La jueza Gee ha librado una fuerte batalla en defensa del cumplimento del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la privación de libertad de menores de edad en centros de detención del gobierno federal.

El 24 de julio y el 21 de agosto de 2015 Gee ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio del 2014 por la Casa Blanca de Barack Obama, cuando iban más de 48,000 arrestos de niños no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza.

A finales de septiembre de ese año la cifra superó los 68,000 más otras 68,000 unidades familiares originarios principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras.

El gobierno liberó a más del 95% de los detenidos con una orden para presentarse ante una corte y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país. El resto, sin embargo, fue entregado al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) y de ICE, en cumplimiento de una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano (TVPRA) que prohíbe la deportación inmediata de menores que no provengan de países vecinos (Canadá y México).

Tres años más tarde, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, solicitó a la corte presidida por Gee, como parte de la implementación de la política migratoria de tolerancia cero, que deje sin efecto el Acuerdo Judicial Flores para que permitiera la detención de familias migrantes y menores por tiempo indefinido.

La jueza denegó el pedido y describió la solicitud como "un intento cínico" de deshacer un añejo acuerdo judicial. Y dijo además que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de menores que cruzaron la frontera de manera sin documentos en busca de asilo.

Sessions pidió a Gee alterar el acuerdo de 1997 después de que Trump diera marcha atrás marcha atrás a su política de 'tolerancia cero', que causó indignación cuando los niños pequeños eran separados forzosamente de sus padres tras levantarles a estos cargos criminales por ingreso ilegal al país, siendo que la presencia indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil.


El “juez Flores”

A principios de abril Trump viajó a la frontera donde se reunió con funcionarios del CBP y dio una conferencia de prensa. Sin saber exactamente de qué hablaba, el presidente criticó durante un discurso el Acuerdo Flores de 1997. “La decisión de Flores es un desastre. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país", dijo equivocadamente el presidente.

Flores era, en realidad, una salvadoreña de 15 años detenida en la frontera en 1985. Ninguno de los asistentes al encuentro, ni asesores de Trump, lo interrumpieron para corregir el error. El acuerdo fue alcanzado durante el gobierno de Bill Clinton.

El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.

La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros” mayores de edad.

Tras conocerse el caso, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó ese mismo año una demandapara evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad, y que el gobierno abusara de su autoridad, y para que se respetaran sus derechos, considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil, no criminal.

En fotos: Así recomiendan actuar a los inmigrantes en caso de ser detenidos por ICE o la policía

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