Regina González huyó de su pueblo en Guerrero porque la amenazaron los presuntos asesinos de su esposo. Pidió asilo al gobierno de Estados Unidos, pero su caso terminó en una orden de deportación, la cual se ejecutó a finales de abril. En México está buscando que atiendan su anemia aguda.

Un grupo de indocumentados detenidos en una cárcel de inmigrantes en Arizona clama para que el gobierno los libere para no ser contagiados y corran el riesgo de morir cuando su único delito fue pedir asilo en la frontera, un recurso legal que estaba disponible cuando se entregaron a las autoridades.

La decisión echa por tierra los planes implementados por Trump incluso desde la campaña en 2016, cuando el entonces candidato presidencial republicano se comprometió con sus electores a ser duro con aquellos que violan las leyes de inmigración y con los extranjeros que cometen delitos graves.

Los abogados de Héctor García Mendoza temen que lo hayan secuestrado en Nuevo Laredo, la ciudad fronteriza en México a la cual lo deportaron hace dos semanas. Este caso causó indignación porque lo expulsaron una hora después de que un magistrado ordenó que lo dejaran temporalmente en EEUU.

En una carta firmada por 258 organizaciones que abogan en nombre de solicitantes de asilo, inmigrantes, niños y sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, denuncian y se oponen a la explotación por parte del gobierno de la pandemia del coronavirus.

Unos 700,000 soñadores confían en que el máximo tribunal de justicia resuelva como lo han hecho las cortes inferiores y no los coloque al borde de la deportación de Estados Unidos.