La abogada Claudia Bernal explica lo que puede pasar con al menos 300,000 personas de Nicaragua, El Salvador, Haití y Sudán y asegura que “muchas de ellas, lamentablemente, antes de haber sido beneficiadas con TPS, tenían ordenes finales de deportación”. La experta afirma que es recomendable buscar “toda otra forma de regularización que existe bajo la ley”.