El sábado 19 de abril en horas de la madrugada, la Corte Suprema frenó temporalmente la deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Decenas de venezolanos se encuentran detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, en el norte de Texas.

Lo expresaron en una carta que concuerda con un reporte de la agencia Reuters, según el cual el Servicio de Alguaciles advirtió a los jueces federales sobre inusualmente altos niveles de amenazas.

La orden de la Corte Suprema pidió a la administración de Donald Trump no expulsar a ningún venezolano detenido en el Bluebonnet Detention Center "hasta una siguiente orden de esta corte". El juez Samuel Alito lo consideró un alivio "sin precedente" y "otorgado de forma prematura y precipitada".

La madrugada del sábado, el alto tribunal dijo al gobierno de Trump que no expulse a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, en el norte de Texas, "hasta nueva orden", en respuesta al recurso de emergencia de un grupo de abogados que aseguraba que parecía "inminente" la reanudación de las expulsiones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Quienes pierden la ciudadanía por nacimiento, quedan sin país, sin derechos básicos. El gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema permitirle avanzar en la restricción de este derecho para los niños nacidos de inmigrantes sin residencia o ciudadanía. Eso dejaría apátridas a los hijos de solicitantes de asilo de países como Venezuela o Rusia. La historia de Karina Ambartsoumian-Clough muestra el daño que podría causar esta decisión en las próximas generaciones.

La corte escuchará argumentos en mayo, pero, mientras tanto, mantuvo en suspenso la aplicación de la medida ordenada por Trump, como han dictaminado ya cortes menores.