El fiscal general canceló un documento aprobado en 2011 que facilitaba a asilados y refugiados trabajar legalmente en Estados Unidos, incluso sin una autorización de empleo otorgada por el Servicio de Inmigración (USCIS).

Los migrantes expresan que la violencia en su país los obligó a huir con sus familias. Cientos de personas siguen cruzando la frontera de manera ilegal, varias han sido detenidas y deportadas.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) les pide tomar la decisión de ser deportados solos o quedar detenidos mientras continúan los procesos de deportación de los menores.

Después de haber estado retenida por un mes en un centro en Arizona, la mujer pudo trasladarse a Nueva York, para poder abrazar a sus hijos de 6, 9 y 11 años. Su abogado informó que Jenny González pedirá asilo y está en proceso de que una familia pueda auspiciarla.

Una mujer de 92 años de Fountain Hills enfrenta cargos criminales por presuntamente asesinar a tiros a su hijo, quien quería enviarla a una casa de retiro.

Human Rights Watch advierte que el gobierno de Trump “ha retratado a los inmigrantes como delincuentes y una amenaza para la seguridad pública” y no reconoce el aporte de miles de indocumentados que han ayudado a investigar y procesar delitos.