Biden cambia de tono en asuntos migratorios, pero la crisis de fondo es la misma
En los últimos cuatro años Donald Trump presentó la inmigración como una amenaza a la seguridad nacional. A golpe de decretos y memorandos, el exmandatario construyó un sistema antinmigrante que golpeó por igual la inmigración legal e indocumentada en Estados Unidos. El nuevo gobierno heredó un sistema con pocos recursos para responder a una crisis que todos sabían que existía, incluso los demócratas.
Cuando llegó a la Casa Blanca el 20 de enero, Joe Biden revirtió las principales políticas impuestas por su antecesor. Canceló el Programa de Protección del Migrante (MPP), restableció el sistema de asilo, rescindió la prohibición de viajes a ciudadanos de países de mayoría musulmana, detuvo la construcción del muro en la frontera con México, resguardó y expandió el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( DACA), estableció nuevas prioridades de deportación (enfocadas en extranjeros que han cometido crímenes graves) y decretó una moratoria de deportaciones (que fue anulada por una corte federal).
El 2 de febrero Biden dejó en claro que su política tenía como objetivo hacer de Estados Unidos un país más seguro, más fuerte y más próspero ”cuando tenemos un sistema de inmigración justo, ordenado, humano y legal”. Trump, por el contrario, estableció una política de ‘tolerancia cero’, llegando incluso a separar forzadamente familias en la frontera cuando venían en busca de asilo, un recurso legal disponible aprobado por el Congreso.
“Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional de la administración anterior que literalmente, no figurativamente, arrancó a los niños de los brazos de sus familias, sus madres y padres en la frontera, y sin plan, ninguno en absoluto, para reunificar a los niños que todavía están bajo custodia y sus padres”, dijo el mandatario antes de firmar tres órdenes ejecutivas:
En esa ocasión, Biden dijo que los decretos no constituyen nuevas leyes de inmigración, sino que se trata de órdenes para deshacer y permitir una revisión “completa de las políticas peligrosas y contraproducentes” adoptadas por el gobierno anterior.
Reforma migratoria
Simultáneamente, Biden presentó una iniciativa de reforma migratoria que incluye un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en el país, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales.
Denominada Ley de Ciudadanía de EEUU 2021 , el proyecto, explicó la Casa Blanca, “establece un nuevo sistema para administrar y proteger la frontera, mantener a las familias y comunidades seguras, y administrar mejor la migración en todo el hemisferio”.
Añade que buscará “restaurar la humanidad y los valores estadounidenses en nuestro sistema de inmigración”, además de brindar “a las personas trabajadoras que enriquecen nuestras comunidades todos los días y que han vivido aquí durante años, en algunos casos durante décadas, la oportunidad de obtener la ciudadanía (por naturalización)”.
En concreto, el plan ofrece:
Además, recomienda que los jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir 16 años y se conocen como dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y ciertos trabajadores agrícolas, calificarán de inmediato para:
- Recibir la tarjeta de residencia permanente (Green Card) de inmediato;
- Tres años después de recibir la tarjeta verde calificarán para solicitar la ciudadanía estadounidense por naturalización.
El plan señala además que, los inmigrantes indocumentados que califiquen para ajustar su estatus a residencia provisional, aprueben la verificación de antecedentes y paguen impuestos:
- Estarán protegidos de la deportación;
- Tendrán acceso a una autorización de empleo.
Cuesta arriba
Biden ha firmado más de 50 decretos en los primeros 100 días de gobierno. De ellos, 11 relacionados con inmigración. “Está demostrando que el gobierno todavía funciona”, teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus y el desorden dejado por la administración de Trump, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida) y que durante 15 años trabajo como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia (al final del gobierno de Bill Clinton, durante el gobierno de George W. Bush y al inicio del mandato de Barack Obama).
Entre las medidas adoptadas por el nuevo presidente, Sánchez-Roig destaca:
A pesar del número de anuncios y medidas adoptadas, Sánchez advierte que “muchos de los cambios prometidos tardarán en implementarse”. Y que para concretarlos y ponerlos en marcha “primero será necesario activar políticas, reglas y leyes para efectuar los cambios. Esto significa que es posible que no veamos un impacto inmediato o que no se pueda acceder a nuevos beneficios a corto plazo”.
Las demoras también afectarían la aprobación de la reforma migratoria en el Congreso por falta de apoyo bipartidista en ambas cámaras.
Problema o crisis
Tras la reversión de las principales políticas de Trump en la frontera, entre ellas la cancelación del MPP, asomaron miles de casos de asilo que aguardaban en algunas de las zonas más peligrosas del mundo ( 25,000 expedientes activos, según la Casa Blanca), y junto con ello la llegada de miles de otros inmigrantes que huyen, principalmente del Triángulo Norte, en busca de asilo en Estados Unidos.
Durante marzo fueron detenidos más de 171,000 extranjeros y más de 103,000 fueron deportados inmediatamente bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, activado en 2020 por Trump debido a la pandemia del covid-19.
Si bien los números preocupan, las cifras están por debajo al máximo histórico registrado en el año fiscal 2000. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “ las aprehensiones en la frontera son un indicador del total de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal”. Si es así, la cantidad de personas que intentan ingresar sin autorización al país ha descendido de manera dramática en las últimas dos décadas. De más de 1,600,000 aprehensiones que se produjeron en el año 2,000 en la frontera con México, se ha pasado a cifras de entre 300,000 y 400,000 aprehensiones hasta el 2019.
Se podría pensar que la cifra de arrestos ha descendido porque hay más personas entrando de manera ilegal sin ser detectadas por las autoridades (esto hasta antes del cierre de la frontera por la pandemia). Pero cifras del propio gobierno invalidan esa hipótesis.
Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno de Trump para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un reporte del (DHS)sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.
Según el reporte, el número de cruces no detectados cayó casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación, durante el último año del gobierno Obama-Biden).
El mismo reporte dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas).
Es decir, l a capacidad de detección y detención del tráfico indocumentado durante Obama-Biden contradice los argumentos esgrimidos por el gobierno de Trump (2017-2021) que justificaron su cuestionada política de ‘tolerancia cero’ y que ahora utilizan los republicanos para criticar la política migratoria de Biden.
Qué pasa en la frontera
Tras la reversión de la política migratoria de Trump, incluyendo el MPP, cobraron nuevamente vigencia el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008 sobre prevención de tráfico humano. Ambas medidas, una avalada por la Corte Suprema y la otra aprobada por el Congreso) dictan la manera en que el gobierno debe proceder con los Menores No Acompañados (UAC) detenidos en la frontera.
Por una parte, prohíbe que sean privados de libertad en centros de detención federales; mientras que por otra, ordena al gobierno que los menores sean presentados ante un juez de inmigración quien decidirá sus futuros en Estados Unidos.
Biden se ha comprometido a respetar el debido proceso, pero advierte que el gobierno anterior le heredó un sistema con una baja capacidad de respuesta para detener, cuidar y procesar el alto y creciente número de UAC detenidos en la frontera (tal y como lo exige el Acuerdo Flores).
También ha denunciado la falta de infraestructura para albergar a miles de menores que siguen huyendo de sus países en busca de asilo, un problema que, asegura, debe ser resuelto atacando en sus países de origen las causas que originan el éxodo.
Para ello, el 25 de marzo Biden nombró a la vicepresidenta Kamala Harris para que “lidere nuestros esfuerzos con México y el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) para detener el movimiento de tanta gente” y frenar “la migración a nuestra frontera sur”.
El mandatario anunció además la inversión de $700 millones por año durante cuatro años en la región “para determinar la mejor manera de evitar que las personas vengan”, y que entre las principales causas del éxodo está “no solo la violencia de las pandillas, el tráfico y los cárteles, sino también los desastres naturales, los huracanes, las inundaciones y los terremotos”.
“Una de las formas que aprendimos es que, si se enfrentan los problemas en el país (como intentó hacerlo Obama-Biden entre 2014 y 2016), se beneficia a todos. Nos beneficia (a Estados Unidos), beneficia a la gente y hace crecer las economías allí (en los países de donde la gente huye)”.
Faltan votos
Mientras toma forma el plan Biden-Harris para detener la crisis que se registra en la frontera (que durante los primeros tres meses Biden caificó de 'problema serio') y revertir el éxodo, la Casa Blanca busca la manera de conseguir votos suficientes en ambas cámaras del Congreso para aprobar la reforma migratoria prometida por Biden.
Si bien los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes con 221 asientos y solo necesitan entre 2016 y 218 para aprobarla, las miradas están puestas en el Senado donde ambos partidos están empatados con 50 votos (el empate lo rompe la vicepresidenta Harris). Pero hay cuatro senadores demócratas cuyo respaldo a la reforma migratoria de Biden se encuentra en duda, siendo ellos: Joe Manchin (West Virginia), Jon Tester (Montana), y los senadores por Arizona Kyrsten Sinema y Mark Kelly.
Sin ellos, el plan del presidente no será aprobado porque la Casa Blanca no tiene los 14 votos republicanos que necesita para alcanzar la cuota de 60. Y tampoco le alcanza para forzar a un paquete de reconciliación, porque no existen garantías de que los cuatro votos en duda (porque la mayoría de los votantes de esos distritos no apoyan la reforma migratoria) estén de acuerdo con el plan del mandatario, sobre todo ahora que la Cámara de Representantes decidió aprobar un camino de legalización solo para dreamers, TPS y ciertos trabajadores agrícolas
“Creemos que el presidente no ha hecho lo suficiente para unir a ambos partidos y aprobar la reforma migratoria”, dice Wadi Gaitán, portavoz de La Iniciativa Libre, un grupo que mueve un bloque republicano moderado clave en ambas cámaras del Congreso. “Reconocemos que ha sido uno de los primeros temas que tocó, pero hay otros asuntos prioritarios por ahora como la pandemia y la crisis económica”.
En cuando a las medidas migratorias tomadas hasta ahora y la crisis que se vive en la frontera, Gaitán dijo que, “cuando se postuló él sabía la situación que iba a heredar. Él tomó los pasos de prometer acción en el tema. A mi juicio, la acción que el tomo no es suficiente para cumplir sus promesas. Pero aunque habilitó buenos planes y tiene bastantes méritos, creo que no ha puesto todo el capital político que se necesita para aprobar la reforma. Se está perdiendo tiempo en hablar mucho de los (inmigrantes) que vendrán y no de los que están, los 11 millones”, dijo.
Cambio de rumbo
La inversión de capital político depende en gran medida de las probabilidades de conseguir votos republicanos. Y hasta ahora todo indica que no los habrá, porque el tema de inmigración se ha convertido en el principal argumento republicano para atacar a Biden, rescatar la política migratoria de Trump e intentar ganar las elecciones de medio término del 2022 y recuperar el control de al menos una de las cámaras del Congreso, el Senado.
En enero, poco antes de la Toma de Posesión, fuentes republicanas que hablaron con Univision Noticias habían advertido que no debatirían ni respaldarían un plan migratorio como el prometido por Biden durante la campaña, y que “sin duda un plan ‘parte por parte’ sería más exitoso que un paquete gigantesco”.
“Primero DACA, luego trabajadores temporales y después veremos”, dijo otra fuente republicana al siguiente día de la Toma de Posesión. “Veremos si los demócratas trabajarán de manera bipartidista para sacar adelante este proyecto”, agregó.
No fue así. Los demócratas avanzaron el proyecto integral de Biden sin un solo respaldo republicano. Incluso se comprometieron a presentarlo en un plazo de tres semanas en ambas cámaras, pero el 18 de marzo (primeros 50 días del gobierno de Biden), la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley que incluyen un camino a la ciudadanía para dreamers , titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas, dejando fuera del paquete a por lo menos 6 millones de indocumentados.
El primero de los proyectos recibió 228 votos a favor (9 de ellos republicanos) y 197 en contra, mientras que el segundo fue aprobado con 247 votos (30 de ellos republicanos) y 174 votos en contra (1 de ellos demócrata). Ambos planes sacarían de las sombras a entre 3 y 4 millones de indocumentados).
Aún así, ambos proyectos permanecen detenidos en el Senado. “No hay votos suficientes para que sean aprobados”, dijo una fuente republicana. Otra fuente demócrata dijo a Univision que existen “opciones” para aprobar ambos proyectos “por medio del proceso de reconciliación”. Pero eso dependerá si, encaso de ser llevados al pleno, los 50 senadores demócratas, incluyendo los cuatro indecisos, voten a favor, devuelvan los planes a la Cámara de Representantes y esta instancia los incluya dentro de un paquete de ley presupuestaria para que, u a vez aprobado, sea enviado nuevamente al Senado donde solo se requerirían 51 votos.
Los republicanos aseguran que eso “no ocurrirá”.
No lo ven claro
Los activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes no ven claro la reforma migratoria en el corto plazo. “Ha cambiado el tono y las prioridades y eso es muy importante”, dice Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland. “La reforma me parece audaz y contiene todo lo que nosotros hemos demandado por los últimos 30 años. Pero no veo una estrategia clara para lograr que se apruebe en el Congreso”.
El activista agrega que “vamos a tener unas victorias parciales en este año” con el tema migratorio impulsado por Biden, “que es muy importante para la comunidad, pero no creo que la reforma integral, como la concebimos, se logre. Los republicanos, que no están interesados en darle ninguna victoria al presidente, van a bloquear cualquier intento en el Congreso”.
Torres dice además que, ante este escenario, le corresponderá a Biden y a la vicepresidenta Harris, “ponerse los pantalones y las faldas bien puestos e intentar pasar las propuestas que el marzo aprobó la Cámara Baja, que ofrece la ciudadanía a dreamers, titulares de TPS y trabajadores esenciales”.
Las dudas de Torres son las mismas expresadas por Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de One Stop Immigration en Los Ángeles (California). “No la veo a corto plazo”, dice. “Y si la hay, tiene que ser en el 2021 porque el año próximo hay elección de medio término que decide el control de ambas cámaras del Congreso”.
Gutiérrez dice además que “en varios aspectos estamos viendo que el gobierno dice una cosa, hace otra y culpa al gobierno de Trump porque no pudo hacer lo que prometió. Eso nos inquieta”, apuntó.
Señales preocupantes
Los expertos en el tema de inmigración leen las mismas señales que observan los activistas y temen que el resultado final le pase factura al presidente.
“El presidente Biden ha hecho mucho en materia de inmigración en sus primeros 100 días en el cargo. Entre otras cosas, envió un importante proyecto de ley de reforma migratoria al Congreso, restableció el programa DACA, volvió a priorizar la política de deportación para centrarse en los delincuentes graves, terminó las prohibiciones de viaje de la administración anterior y permitieron que familias y Menores No Acompañados ingresaran a Estados Unidos mientras esperan sus audiencias de asilo”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell (Nueva York).
“Hacer todo esto en 100 días es extraordinario, especialmente dado todo lo demás que está tratando, incluido detener la pandemia del covid-19, los problemas económicos, el cambio climático y esfuerzos para mejorar nuestra infraestructura envejecida", agrego.
Sin embargo, Yale-Loehr dice que “queda mucho por hacer. En particular, el aumento de personas que intentan ingresar a Estados Unidos le está dando a los republicanos un tema de conversación fácil para afirmar que el presidente Biden es ‘blando’ con la inmigración. Eso puede hacer que sea más difícil persuadir al Congreso de promulgar una reforma migratoria integral este año", precisó.
Para la organización FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica entre ellos Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox, “Biden ha tomado una posición totalmente contraria a la de Trump y ha tratado de ayudar a los inmigrantes”.
“Los problemas en el Congreso y en la frontera siguen existiendo, ya que miembros del Partido Republicano están tratando narrativas falsas sobe la frontera para bloquear legislación que pueda traer alivio migratorio a la comunidad indocumentada” entre ella la reforma migratoria, dice Juan Escalante, director de campañas digitales de la organización.
Un reciente estudio elaborado por FFWD.us y la Universidad George Mason, advierte que si el Congreso no actúa con urgencia para ampliar las avenidas de inmigración, Estados Unidos dejará de ser competitivo a nivel mundial y agotará las arcas del Seguro Social para el 2030.
“Los datos son claros: si se aumenta la inmigración y se asegura que nuestro sistema de derecho facilite un proceso humano, justo y ordenado para la inmigración basada en familias y empleos, Estados Unidos puede mantener su liderazgo mundial económico, invertir en una fuerza laboral futura que sea fuerte e innovadora, y hacerle justicia a millones de familias en los Estados Unidos”, dijo Todd Schulte, presidente de FWD.us.
Para Roberto Izurieta, director de programas latinoamericanos y campañas políticas de la Universidad George Washington, en los primeros 100 días del gobierno de Biden “avanzamos en las vacunas contra el covid-19, se aprobó un paquete de alivio económico esencial para la recuperación del país y se respira un ambiente de respeto donde no nos escandalizamos por el ultimo tweet”.
En cuando al tema migratorio, Izurieta dice que “es el mayor reto que Biden esta enfrentando ahora”.