La crisis en la frontera no cede: 103,000 inmigrantes fueron expulsados en marzo bajo el Título 42
A pesar de los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno de Joe Biden para contener la llegada de inmigrantes indocumentados en la frontera con México, la crisis no da tregua. La Casa Blanca reporta que en marzo la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo ( CBP) deportó 103,000 no ciudadanos bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos.
A su vez, funcionarios dijeron durante una conferencia de prensa telefónica que los equipos de trabajo siguen enfocados en atacar las causas que originan el éxodo con el envío de delegaciones a México y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), de donde proviene la mayoría de inmigrantes en busca de asilo.
A nivel nacional, Morán dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) necesitaba implementar tecnología en la frontera para aumentar la capacidad de respuesta y detención de inmigrantes indocumentados, y aumentar la capacidad de respuesta para procesar detenidos.
Entre las necesidades mencionadas por el funcionario se incluye el nombramiento de nuevos agentes de asilo, puesto que desempeñan abogados contratados por el la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La función de estos agentes es clave en el comienzo del proceso porque son quienes determinan la existencia de miedo creíble.
En febrero la CBP expulsó 70,183 no ciudadanos bajo el Título 42, activado durante el gobierno de Donald Trump como parte de las medidas para detener la pandemia del coronavirus. Los deportados corresponden a inmigrantes adultos solteros y unidades familiares que México no acepta o rechaza por falta de espacios disponibles.
"Herencia" de Trump
El gobierno también dijo que el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) estaba lidiando “con la herencia de la administración anterior”, pero que también varias agencias federales se habían sumado a la solución del problema, asunto que la Casa Blanca se niega a reconocer como una crisis.
Entre las medidas activadas a partir del 20 de enero, cuando Biden asumió el control de la Casa Blanca, Morán citó la reactivación del programa de refugiados para Menores Centroamericanos (CAM), donde los padres de los niños podrán pedir en sus países la protección del menor al gobierno de Estados Unidos y evitar el peligroso cruce indocumentado hacia el norte.
En cuanto a los arrestos en la frontera, Lise Clavel, jefa de personal de la CBP, dijo que en marzo se había registrado un incremento de 71% comparado con el mes de febrero (171,000 arrestos). Y que la prioridad de la agencia era “movilizar” en el menor tiempo posible a los Menores No Acompañados (UAC).
Tras la reversión de varias políticas migratorias de Trump, cobraron vigencia nuevamente el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, que norman la forma en que el gobierno debe proceder con los UAC detenidos en la frontera.
Ambas regulaciones prohíben que sean deportados de forma acelerada y exigen que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en el país.
Biden ha dicho que su gobierno respetará la ley y defenderá el debido proceso.
Objetivos a corto plazo
La Casa Blanca también dio a conocer una serie de objetivos a corto plazo en el marco de la política migratoria en la frontera. Entre las medidas se incluye:
- Priorizar la reunificación de UAC lo antes posible (en un 90% están en condiciones de reunificación);
- Crear más centros para el cuidado adecuado de los niños que cuenten con proveedores de cuidado infantil certificados;
- Se han reactivado cerca de 15,000 camas en centros autorizados;
- Reducir y agilizar el tiempo de liberación y reunificación de UAC;
- Agilizar la verificación de antecedentes de patrocinadores para acelerar las reunificaciones; y
- Brindar acceso a cuidado médico y alimentación a los niños bajo custodia.
El reporte de la Casa Blanca fue dado a conocer simultáneamente con otro informe que dio cuenta del hallazgo de 5,600 expedientes de familias al parecer separadas forzosamente en la frontera con México en 2017, meses antes de las fechas oficiales de un programa autorizado por el expresidente Trump que fue prohibido por los tribunales de justicia.
Las separaciones, según la administración anterior, se llevaron a cabo entre principios de mayo y el 20 de junio del 2018 afectando a un total de 2,654 familias. Pero el gobierno de Biden advierte que los documentos encontrados pueden presentar una historia muy diferente a la contada hasta ahora.
