Títulos 8 y 42, el muro invisible para los miles de inmigrantes que buscan asilo en EEUU
Fabián aguarda en la localidad de Los Pájaros, Sonora (norte de México fronterizo con Arizona) el momento indicado para cruzar la frontera para reunirse con su familia en Nevada. “Me han regresado ya 12 veces”, dice al otro lado del teléfono. “Cada vez que me agarran me hacen preguntas que si soy pollo, coyote y burrero. Y después que les digo que no, me dicen que no puedo entrar por el covid y me mandan de regreso”.
El inmigrante mexicano es uno de los miles que en los últimos cinco meses han sido expulsados por la Patrulla Fronteriza bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, activado el año pasado por el gobierno de Donald Trump como parte de las medidas de emergencia sanitaria para frenar la pandemia y, de paso, la inmigración indocumentada.
Se fue a vivir a Tijuana donde consiguió empleo y compró una casa. “Pero por razones de salud mi esposa y mis hijas no se pudieron venir. Dejé todo para irme de regreso, pero no he podido. Me agarran y me devuelven, me agarran y me devuelven. Lo trataré quizás esta noche, todo depende de cómo esté el clima. Solo Dios dirá. Me estoy preparando para ver si salgo”, dice y se queda en silencio.
En lo que va del año fiscal —octubre del año pasado a finales de febrero de este año— otros 381,946 inmigrantes, como Fabián, corrieron la misma suerte.
El otro muro
Dos prohibiciones incluidas en Código de Estados Unidos y que fueron activadas el año pasado para detener la propagación de la pandemia se han convertido en piezas clave de la política migratoria de Joe Biden para contener la crisis en la frontera con México.
Cuando el 21 de marzo de 2020 el entonces presidente Trump activó los Títulos 8 y 42, lo hizo para contener la propagación del covid-19 y también frenar la llegada de inmigrantes que llegan en busca de asilo. Un año después, el gobierno de Biden utiliza las mismas herramientas porque la pandemia no se detiene y tampoco el éxodo, miles de personas que abandonan sus países y tratan de llegar a Estados Unidos en busca de asilo.
Y al igual que el año pasado, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) reitera que en la frontera con México sigue existiendo un serio peligro de una mayor entrada y propagación de la enfermedad, que a la fecha ha infectado a más de 30.2 millones de personas y causado casi 550,000 muertes en el país.
Pero hay una diferencia clave. Trump utilizó la pandemia para expandir su política migratoria de ‘tolerancia cero’ en la frontera; Biden, en cambio, trata de restablecer el golpeado debido proceso migratorio en medio de una pandemia que no cede. Y en vez de rechazar a todo el que viene en busca de refugio, ordenó procesar a Menores No Acompañados (UAC) porque así lo establece la ley.
Los números de febrero
Febrero fue el primer mes completo de Biden en la Casa Blanca. De acuerdo con datos del CBP, en la frontera con México fueron expulsadas 102,020 personas bajo los títulos 8 y 42 de la Ley de Inmigración, entre ellos inmigrantes adultos solteros y unidades familiares, excepto aquellas que México no recibió.
“El Título otorga discreción a los agentes fronterizos para permitir solo la entrada de menores y expulsar al resto basado en los procedimientos migratorios porque no califican para un beneficio”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
Frontera cerrada
Las cifras del CBP indican que el número de extranjeros expulsados durante febrero pasó de los 100,000 y, en lo que va del año fiscal 2021, la cifra total de deportados asciende a los 381,946 extranjeros indocumentados.
“Permítanme decir algo más sobre esto”, dijo Biden la semana pasada durante su primera conferencia de prensa. “Si echa un vistazo a la cantidad de personas que vienen, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las personas que llegan a la frontera y cruzan son devueltas, están siendo devueltas. Miles, decenas de miles de personas que son mayores de 18 años y solteras han sido enviadas de regreso, enviadas a casa”.
La CBP, a su vez, señala que la prohibición de entrada total o parcial de personas o bienes tanto de México o Canadá, se requiere en interés de la salud pública. Aseguró también que las personas sujetas a la orden (bajo los Títulos 42 y 8) “no serán retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y, en su lugar, son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito”. Y que, en caso de que una persona no pueda ser devuelta al país de último tránsito, será enviada al país de origen.
La estrategia de Biden
Al revertir órdenes de Trump que impulsaron la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera, Biden recordó que la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008 sobre prevención de tráfico humano estipulan la manera en que el gobierno debe proceder con los UAC detenidos por las autoridades federales de inmigración.
Ambas regulaciones estipulan tiempos de detención y procesamiento, las condiciones en las que deben permanecer los UAC y los plazos para la entrega a familiares o enviados a hogares sustitutos mientras avanzan sus procesos migratorios. Y que deben ser los jueces quienes decidan sus futuros en el país.
“Es por eso que vamos a sacar a 1,000 de esos niños rápidamente” (de los 5,000 que en ese momento estaban bajo la custodia del CBP)", dijo el mandatario. “Por eso abrí (las instalaciones de la base militar) Fort Bliss (en Texas). Es por eso que he estado trabajando desde el momento en que esto comenzó a suceder para tratar de encontrar acceso adicional para que los niños puedan, de manera segura, ser alojados mientras seguimos con el resto” (del debido proceso), agregó.
En cuanto a las causas que originan el éxodo, advertido por investigadores de la Universidad de California la primera vez en 2013, y las responsabilidades legales del gobierno, el mandatario ha dicho que “no hay una respuesta fácil”, pero en ningún momento deja entrever que desistirá en su política de restablecimiento de las leyes vigentes.
Por el contrario, Trump, desde un comienzo de su gobierno, atacó y desestimó el Acuerdo Judicial Flores y la Ley TVPRA, indicando erróneamente que se trataba de “lagunas” o “vacíos legales” tan solo porque eran un obstáculo para la implementación forzada de su cuestionada política fronteriza.
Solución a largo plazo
Mientras la Casa Blanca se resiste a hablar de crisis y solo se refiere al tema de la frontera como un “problema serio” heredado del gobierno anterior, los republicanos insisten en que el problema fue generado por Biden.
“Lo que está sucediendo en la frontera es más que una crisis. Esta es la angustia humana. Y fue creada por las políticas del presidente Biden”, dijo el 15 de marzo Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, en su cuenta de Twitter tras una visita a la frontera.
“Estamos enfrentando una crisis”, dijo por aparte la representante María Elvira Salazar, republicana por Florida, en un video compartido en su cuenta de Twitter el mismo día.
Biden responde que la situación en la frontera “no ha cambiado” en los últimos años, incluso antes de la pandemia, y que una parte de los problemas que se están viendo se debe a que Trump eliminó los fondos que se estaban utilizando en Centroamérica para combatir las causas que provocan el éxodo, postura que también debilitó la infraestructura necesaria que necesita el país para enfrentar la emergencia y procesar los casos de los menores que llegan en busca de asilo. “Desmanteló todo eso”, puntualizó.
Como parte de la solución, a mediados de marzo Biden pidió el apoyo de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para que durante de 90 días asista en el albergue de UAC que están llegando a la frontera. Cinco días más tarde, funcionarios de la Administración reconocieron que poco más de 14,000 menores permanecían bajo la custodia del gobierno. De ellos, 9,562 estaban en manos del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
Término ‘exagerado’
No todos avalan ni comparten la postura republicana. “El término ‘crisis fronteriza’ es exagerado y demasiado simplista”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la Escuela de Leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York. “En general, la inmigración indocumentada a Estados Unidos es más baja ahora que hace 20 años”, agrega.
Sin embargo, señala, se registra un aumento de UAC “en parte porque el expresidente Trump "se negó a dejarlos entrar al país” para solicitar asilo, un recurso legal disponible.
Pero a largo plazo “necesitamos trabajar con los gobiernos centroamericanos para estabilizar sus economías y reducir la violencia de las pandillas, para que la gente no sienta la necesidad de venir a Estados Unidos”, dice Yale-Loehr, un argumento similar al expresado por Biden, incluso durante la campaña.
Herencia de Trump
Para la abogada de inmigración Receba Sánchez-Roig, quien ejerce en Miami, la situación actual que se vive en la frontera fue “un problema creado y heredado por Trump”. Una de las diferencias positivas, agrega, “es que esta nueva administración quiere resolverla sin que la solución sea simplemente detener y deportar a toda persona que intente entrar al país”.
“La detención va ser parte necesaria de un plan comprehensivo de inmigración”, agrega Sánchez-Roig, quien durante más de 15 años ejerció como Fiscal de Inmigración del Departamento de Justicia.
A la pregunta respecto a las causas que provocan el éxodo, la abogada dice que “indudablemente la corrupción que existe entre algunos de los gobiernos centroamericanos también es un factor negativo que provoca este tipo de inmigración”. Y esgrime que mientras la economía solo beneficie una reducida clase de personas y excluya a la mayoría, “el que tenga hambre, miedo o necesite trabajar va a huir y buscar refugio en otro país”.
Un punto clave que resalta Sánchez-Roig se refiere a las limitaciones que contiene la ley de asilo político. “No los protegen (a los inmigrantes) simplemente porque tengan hambre o no tengan trabajo. Tampoco los protegen del crimen que existe en un país. Por lo tanto, por mucho que quieran, si no tienen un caso y evidencia que apoye el pedido de protección del gobierno, van a devolverlos o deportarlos a sus países de origen”.
La ley señala que se puede otorgar estatus de refugiados o asilo a las personas que han sufrido persecución o que temen que se les persiga por razones de raza, religión, nacionalidad, y/o por pertenecer a un cierto grupo social u opinión, dice el servicio de inmigración (USCIS).
Durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009) se agregó la violencia doméstica como una sexta causal, que luego fue retirada durante el gobierno de Trump. Abogados esperan que el gobierno de Biden la restituya.
El debido proceso
Los abogados resaltan la importancia de eliminar los obstáculos creados por Trump para dificultar el asilo y también la preocupación de Biden por proteger el debido proceso migratorio, a pesar de los problemas heredados por Trump.
“El gobierno anterior dificultó que la administración de Biden respondiera de manera rápida y efectiva, y las restricciones de covid-19 solo se han sumado al desafío”, dice Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
El experto en la ley de inmigración estadounidense y defensor de UAC en la frontera, resalta que ahora “se está permitiendo que los menores presenten sus casos y tengan su día en corte”, un paso bloqueado en gran medida por el gobierno anterior bajo diversos pretextos, indica.
Nieblas recomienda la contratación de más jueces para acelerar los procesos y descongestionar la Corte de Inmigración, que en la actualidad tiene acumulados más de 1.3 millones de casos y unos 500 magistrados. Y agrega que “los jueces de inmigración deben obtener su independencia del gobierno para que puedan eliminar la influencia indebida del Fiscal General y del Departamento de Justicia, como vimos en los últimos cuatro años”.
“Nos estamos dando cuenta de que no estamos sufriendo una crisis (en la frontera), sino un desafío que podemos abordar como el país más rico del mundo”, concluyó.
A finales de enero la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) pidió al gobierno que les permita ser representados por un sindicato e independencia total para preservar el debido proceso migratorio.
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