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Jueces de inmigración advierten que acumulación de casos es “abrumador”

La presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración responde a preguntas de Univision Noticias y advierte que, desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca hace 9 semanas, los cambios vistos en los tribunales son tan “pocos” que todo sigue casi igual que antes.
5 Abr 2021 – 01:19 PM EDT
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Si el gobierno de Joe Biden no centra su atención en el alto numero de casos acumulados en la Corte de Inmigración (Oficina de Revisión de Casos de Inmigración -EOIR-), las probabilidades de que fracase su política fronteriza es alta, al igual que la lucha por la modernización del sistema, dicen expertos en temas migratorios consultados por Univision Noticias.

Agregan que el problema es serio y que no existen soluciones inmediatas a la vista. En febrero el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reportó que el numero de casos acumulados alcanzaba niveles nunca vistos.


Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en enero de 2017, heredó del gobierno de Barack Obama un atasco de 542,411 expedientes, pero cuatro años más tarde Trump le dejó a Joe Biden un problema de grandes proporciones. El 20 de enero el número de casos acumulados era de 1,290,766, un incremento del 137.9%.

“La difícil situación de la EOIR es parte del rompecabezas de la inmigración que se pasa por alto con demasiada frecuencia”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) que agrupa a unos 500 magistrados del país.

Planteamientos simplistas

Marks advierte que el tema se la Corte de Inmigración está siendo visto desde un ángulo demasiado simplista en la solución del problema. Que la crisis del sistema también se trata de una crisis en los tribunales de justicia, un problema que si no es resuelto pronto seguirá causando daños irreparables a las personas que navegan por el debido proceso.

Durante el gobierno de Trump (20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021), el Departamento de Justicia le declaró la guerra a la NAIJ hasta conseguir que el sindicato fuera descertificado y los jueces se convirtieran en empleados del Departamento, una pieza más de la política de ‘tolerancia cero’ impuesta por el exmandatario.

Tras la salida de Trump de la Casa Blanca, muchos pensaron que la situación se revertiría, pero nueve semanas después “estamos viendo muy pocos cambios”, dice Marks. “Personalmente, creo que esto se debe al retraso que hubo en la confirmación del fiscal general Merrick Garland y sus dos subordinados más importantes, Lisa Monaco y Vanita Gupta”, agrega.

Siguen siendo empleados

La NAIJ esperaba que el gobierno presionara para revertir el fallo de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que descertificó la Unión y les diera la autoridad para juzgar con pleno uso de la discreción procesal.

“Pero la toma de decisiones ha tardado en llegar, por lo que NAIJ sigue obstaculizada por la posición del Departamento de Justicia de que nuestro sindicato ha sido descertificado”, dice Marks. ”Esa posición es simplemente incorrecta desde una perspectiva legal”.

La descertificación lograda bajo el gobierno gobierno de Trump permitió que el entonces fiscal general, William Barr, ordenara que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revisara nuevamente los expedientes y determinara si “los hechos encontrados por el juez de inmigración satisfacen todos los elementos estatutarios del asilo como cuestión de derecho”.

“La orden impacta todos los casos”, dice Armando Olmedo, un abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’. “A partir de septiembre del año pasado todos los asilos q otorgados por un juez son revisados por la Junta”, agregó.

La NAIJ dice que como resultado de esta decisión, toda la valiosa información sobre los procedimientos recopilada por los jueces durante los procesos “no se tiene en cuenta”.

Solución a medias

El plan de reforma migratoria de Biden incluye la modernización del sistema migratorio, pero para lograrlo necesita primero convencer al Congreso. Mientras tanto, todo sigue igual y con un notable incremento de detenciones en la frontera.

Mientras el debate político se instala en el legislativo, la EOIR trata de resolver los problemas con el uso de la tecnología, forzada debido a la pandemia del coronavirus. Pero los avances han sido menos de lo esperado.

La Corte “dejó caer la pelota sobre tecnología. De forma lenta, para llevar a cabo audiencias desde los hogares de los jueces, lo cual es muy importante para quienes como yo, debido a mi edad, no podemos regresar a la cancha para llevar a cabo audiencias presenciales hasta que los tribunales estén completamente reabierto en condiciones pre-pandemia del covid-19”, explica.

Marks dice además que, si bien el sistema ha permitido descongestionar algunos procesos, “en el campo vemos graves déficits y fallos. Y debido a que la Asociación ha sido severamente marginada por el Departamento de Justicia, la Corte de Inmigración nos ignora en gran medida a pesar de nuestros continuos esfuerzos para llamar su atención sobre estos asuntos”.

Causas del atasco

En cuanto a la abrumadora acumulación de casos en los tribunales de inmigración, la presidenta honoraria de la NAIJ dice que esta “ha sido causada por años de financiamiento desproporcionado entre las ramas de ejecución del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la EOIR. Eso, más el uso de los tribunales para resaltar las agendas políticas al cambiar los expedientes a la prioridad política del día tanto de las administraciones republicana como de la demócrata”.

“Es lo que nos trajo a este punto”, precisa. “Ningún sistema judicial, especialmente uno con financiación inadecuada, podría haberse mantenido al día”, señala.

El TRAC señala en su informe de febrero que, incluso si el gobierno de Biden detuviera la aplicación de la ley de inmigración por completo, “aún se necesitaría más que todo el primer mandato en el cargo, asumiendo las tasas de finalización de casos pre-pandémicos, para que se completen los casos que ahora están en la fila”.

En ese momento la espera promedio para una fecha de audiencia era de 1,642 días o 54 meses. Y para la mitad de quienes están en la cola, su espera será de al menos 1,425 días o 47 meses.

“La solución es la discreción del fiscal general y la acción del Congreso”, precisa Marks. “Al igual que en los tribunales penales, no todos los casos deben ir a juicio. Debe haber acuerdos y estipulaciones, compromisos acordados, que actualmente nunca ocurren. Los casos que pueden ser resueltos por el servicio de inmigración (USCIS) deben enviarse de regreso a esa agencia para resolverse, como asilos, ajuste de estatus a residente legal permanente (green card) y exenciones”, recomienda.

La lista de asuntos que pueden ser resueltos fuera de los tribunales añade casos en los que los encuestados han aprobado peticiones preliminares, tal como visas U o SIJ (Inmigrantes Juveniles Especiales) y que están esperando por un cupo de visa disponibles. “Lo mismo ocurre con la cancelación de los casos de deportación que se otorgan cuando haya cupos disponibles. Los casos que no cumplen con los criterios de prioridad de la administración Biden deben ser eliminados del sistema de tribunales de inmigración por completo para que podamos centrarnos en los casos que son prioritarios. Ese es el primer paso”, puntualiza Marks, quien ejerció 10 años como abogada de inmigración y lleva más de 35 como jueza.

El papel del Congreso

Pero la solución de los problemas no pasa solo por la Casa Blanca, ni por el Departamento de Justicia. El Congreso tiene una parte clave en la reparación del sistema migratorio imperante, dice Marks.

“De el depende que se arregle el sistema de inmigración legal. Cualquiera que conozca bien la ley de inmigración actual sabe que está irreparablemente violada. Hacer ajustes aquí y allá no es suficiente. Tiene que haber una forma realista para que las familias estén unificadas”, añade.

Entre los principales puntos a resolver, Marks cita:


  • Establecer si hay prohibición de presencia no autorizada;
  • Restablecer la tarifa de penalización por ajuste de estatus para que el procesamiento consular sea la excepción, no la regla general; y
  • Un programa de trabajo temporal viable para personas que tienen necesidades económicas y cubra nuestra necesidad, por ejemplo, de trabajadores del campo, trabajadores de la construcción, mantenimiento, cuidado de niños y ancianos, etc).

La política de asilo

En cuanto a la política de asilo, la presidenta honoraria de la NAIJ dice que “debemos volver a nuestras raíces para honrar nuestro compromiso con los refugiados de acuerdo con los estándares de las Naciones Unidas (ONU) y una interpretación generosa de cualquier estándar legal que se les aplique”.

“Por supuesto, también se deben abordar los factores de empuje en otros países. La ayuda exterior dirigida y supervisada con sensatez contribuirá en gran medida a resolver también nuestros problemas relacionados con la inmigración”, indica.

El gobierno de Biden ha enfatizado en que se deben atacar las causas que motivan el éxodo de inmigrantes hacia la frontera sur del país y en marzo nombró a la vicepresidenta Kamala Harris para que lidere los esfuerzos que la Casa Blanca lleva a cabo con México y el Triángulo Norte (y México) y otros países para detener la migración no autorizada.

El presidente ha dicho que la razón por la que tanta gente se está yendo de sus países “es no solo la violencia de las pandillas y el tráfico (de personas) y los carteles, sino también los desastres naturales, los huracanes, las inundaciones, los terremotos”.

Los republicanos, en cambio, aseguran que el éxodo fue provocado por la política migratoria de Biden que, a su vez, ha generado una crisis de seguridad nacional.

Marks responde que “es frustrante ver que cómo la exageración y la histeria triunfan sobre el sentido común y la compasión” que deben imperar en la solución de la crisis del sistema migratorio estadounidense.

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